Un total de 971 personas de la etnia tsotsil –de las cuales 470 son niñas, niños y adolescentes— resultaron víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en el estado de Chiapas, por acciones y omisiones de autoridades estatales y municipales que no les garantizaron seguridad pública y tampoco previnieron los delitos y actos violentos en su contra durante los conflictos que provocaron la destitución de la entonces Presidenta Municipal de Chenalhó, así como tampoco implementaron acciones para salvaguardar sus derechos fundamentales.
Sobre el caso de 971 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades del Municipio de Chenalhó, Chiapas