Mediante la aplicación del Protocolo de Estambul, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que una persona, detenida en diciembre de 2010 en el Estado de México, fue torturada para aceptar su culpabilidad en diversos delitos y presentada ante los medios de comunicación como delincuente, por lo cual emitió la Recomendación 121VG/2023 por violaciones graves a derechos humanos a la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).