Por el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la pérdida de la vida de una persona y la detención arbitraria de su hijo menor de edad por agentes de la Policía Federal (PF) en 2015, y la inadecuada investigación del caso por las entonces Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 55/2019 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, así como a los Fiscales Generales de ambas entidades, Carlos Zamarripa Aguirre y Federico Arturo Garza Herrera, respectivamente.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida y a la seguridad jurídica por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la pérdida de la vida de V1, a la libertad personal, legalidad, seguridad jurídica y al interés superior de la niñez por la detención arbitraria y retención ilegal de V2, atribuibles a agentes de la policía federal, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, en agravio de V1, V2, V3, V4 y V5, atribuida a personal de las fiscalías generales del Estado de Guanajuato y del Estado de San Luis Potosí.