Cada día miles de mujeres, niños y niñas, a nivel mundial, son víctimas de la trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y pornografía. Este problema, generalmente vinculado con redes de delincuencia organizada y corrupción, ha llegado a constituir un fenómeno de alcance mundial con grandes repercusiones en la esfera del respeto a los Derechos Humanos.

El Día Internacional en contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres y Niño(a)s busca concientizar a los gobiernos y a la sociedad civil sobre las causas y consecuencias de este crimen endémico que afecta a todas las regiones del mundo. El origen de esta observancia tuvo lugar en la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres, con sede en Dhaka, Bangladesh en 1999, en donde se eligió el 23 de septiembre de cada año para dar lugar a la reflexión en la materia.

Gracias a recientes estudios sobre el tema se ha llegado a conocer que, tanto el tráfico como la trata de personas, reportan un ingreso de 7.000 millones de dólares anuales, con conexiones con el comercio de armas, drogas, prostitución y abusos infantiles. Generalmente, este comercio clandestino fluye desde los países en vías de desarrollo en regiones como América Latina, Africa y Asia hacia las regiones más prósperas como América del Norte, Europa y Japón, sin embargo, la red de tránsito se modifica constantemente.

Su principal objetivo han sido los pobres; las personas más desprotegidas como las mujeres y los niños; los refugiados y los solicitantes de asilo. Los factores que los empujan a recurrir a estas actividades se explican a partir de elementos como la falta de una distribución equitativa de recursos, bienes y servicios; la pobreza; el hambre; el desempleo; el analfabetismo, la discriminación contra la mujer; la violencia basada en el género; las políticas de migración restrictivas, las crisis humanitarias y los desplazamientos por conflictos políticos y armados. Frecuentemente, los traficantes captan a sus víctimas a través de falsas agencias matrimoniales o de empleo, que les prometen mejores condiciones de vida pero que acaban por venderlas para hacer trabajos forzados.

Las víctimas de estos delitos deben enfrentarse a condiciones degradantes ante la negación de sus derechos como la libertad y la salud sexual y reproductiva principalmente, a condiciones modernas de esclavitud, violencia, abuso sexual, embarazos no deseados, abortos inseguros y tratos crueles e inhumanos.

Frente a esta realidad, en el marco de las Naciones Unidas se ha buscado instituir una normatividad internacional que proteja de la vulnerabilidad a este sector de la población.

Para la seguridad de la mujer se han adoptado diversos tratados como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000; el Protocolo para la Prevención, Supresión y Sanción del Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que viene a complementar a la anterior; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en 1994.

Respecto a los instrumentos internacionales destinados a proteger a la infancia del tráfico y la explotación, existe la Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo concerniente a la Prohibición y Acción inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989; y su Protocolo Opcional sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Pornografía Infantil, adoptada en el año 2000.

No obstante, aún falta mucho por realizar debido a que existe una gran brecha entre el crecimiento de este delito y la efectividad al momento de aplicar castigos acordes a la gravedad de la violación. El tráfico y trata de personas no sólo violan los principios universales de los Derechos Humanos, sino que también tiene implicaciones para la seguridad nacional de cada Estado, debido a la proliferación de redes criminales, tráfico de armas y el aumento del narcotráfico generalmente implicado.