Día Mundial del Agua Derecho al agua potable y saneamiento

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 de diciembre de 1992, mediante su resolución A/RES/47/193, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua que comenzó a celebrarse a partir de 1993 .[1]

Siendo el acceso al agua potable una necesidad básica del ser humano y vital tanto desde el punto de vista de la salud como social, la celebración de Día Mundial del Agua pretende dar a conocer la importancia de los recursos hídricos del planeta, promover las iniciativas mundiales orientadas a brindar a todas las personas en el mundo el acceso al agua salubre [2], concientizar a las personas sobre la importancia del aprovechamiento del agua en la productividad y el bienestar social de los países y reflexionar en torno a problemáticas específicas relacionadas con el recurso hídrico cada año. Conviene señalar que el acceso al agua salubre constituye un derecho, pues es indispensable para el desarrollo de la vida humana digna.[3]

En el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la CEPAL, el Banco de Desarrollo de América Latina y la Unión Europea, elaboraron el informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2019: Desarrollo en Transición”, mediante el cual nos enteramos de que el 85% de las aguas residuales que llegan al mar Caribe no es tratada y el 51.5% de los hogares carecen de conexiones de alcantarillado. En el mismo documento se proponen posibles soluciones para responder a las “trampas del desarrollo” relacionadas con la productividad, la vulnerabilidad social, las instituciones y el medio ambiente. Asimismo, se expone la necesidad de buscar estrategias para mejorar los bienes públicos globales que formen parte de las agendas nacionales. [4]

Actualmente, se identifican prácticas de discriminación respecto al acceso al agua, ya que algunas personas resultan especialmente desfavorecidas en la garantía del recurso hídrico por motivos de género, raza, etnia, religión, idioma, nacionalidad, discapacidad, edad, estado de salud, situación económica y social y otros factores que agravan la problemática como la degradación del medio ambiente, cambio climático, crecimiento demográfico, conflictos bélicos, flujos de migración y desplazamientos forzados. En un contexto de pandemia como el que enfrentamos ahora, lavarse las manos resulta esencial para contener la propagación del SARS CoV-2 y otras enfermedades infecciosas.[5] En este sentido, el acceso al agua salubre está directamente vinculado con el derecho a la salud, lo que pone de manifiesto la relevancia del recurso hídrico en la garantía de los derechos humanos.

En 2019 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) emitió su Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social que da cuenta de la existencia de 9.3 millones de personas en México que no tienen acceso al agua en sus viviendas, sobre todo en localidades rurales, donde el 85 % de las viviendas están conectadas a la red hidráulica, mientras en las urbanas el porcentaje asciende al 97.2 %. [6]

Dada la relevancia del recurso hídrico en el acceso a una vida digna, muchos países lo han incorporado a sus agendas nacionales. En el caso de México, a través de una reforma constitucional al párrafo sexto del artículo 4º, realizada en 2012, el derecho humano al agua y saneamiento se elevó a rango constitucional.[7] En el mismo tenor, el gobierno mexicano emitió las Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua, a través de las cuales establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación relacionado con el recurso hídrico.[8]