El Senado de México declara ilegal el envío de armas desde los Estados Unidos violando la Soberanía Nacional

El 13 de marzo de 2011, el Senado mexicano declara ilegal el envío de armas desde los Estados Unidos a México. Al hacerlo, ese país estaría violando la soberanía nacional y apoyando la violencia y guerra internas, causantes de alrededor de 65 mil muertes durante el sexenio de Felipe Calderón[1].

Rápido y furioso : con ese nombre pasó a la historia mexicana una operación secreta estadounidense que consistió en el tráfico de armas desde los Estados Unidos a México. Entre 2009 y 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos ingresó ilegalmente a México más de 2 mil 500 armas de fuego que contaban con un chip para poder rastrearlas y localizar así a los responsables de vender armas al crimen organizado mexicano. Los carteles ubicaron las armas y, quitándoles el localizador, se las apropiaron. Sin embargo, en diciembre 2010, dos de los rifles de asalto salieron a la luz en un tiroteo en la frontera de Sonora con Arizona, donde murió un agente estadounidense de la Patrulla Fronteriza. Una tercera arma apareció en San Luis Potosí en febrero de 2011: se usó para asesinar a otro agente estadounidense, miembro de la Oficina de inmigración y Aduanas. Un mes después, el 13 de marzo, en la Cámara de Senadores de México se discutió el descubrimiento, mientras la Presidencia de la República —encabezada entonces por Felipe Calderón— insistía en no tener noticia de la operación, mientras que en los Estados Unidos el presidente Barack Obama enfrentaba a su Congreso por la secrecía de la acción[3].

Al identificarse la fuente del armamento que abastecía a los cárteles nacionales y a diversos grupos armados, y que había llevado a la muerte durante el sexenio de Calderón a aproximadamente 65 mil personas en lo que bien podía considerarse una guerra interna por el control territorial y de las personas para alimentar diversas categorías de tráfico, el Senado mexicano declaró ilegal establecer concesiones y permisos para que los Estados Unidos enviaran grupos armados y armamento al país, utilizando para ello una supuesta acción contra los narcotraficantes dentro de su “guerra contra el narco”. Los senadores consideraron que esta acción era, sobre todo, un atentado contra la soberanía. El Senado destacó en sus planteamientos que no sólo debía señalarse a los Estados Unidos como responsables del tráfico de armamento, sino también a los funcionarios de las aduanas mexicanas, a través de las cuales habían estado circulando los cargamentos sin mayor problema[4].

En ese entonces, de las armas que ingresaban ilegalmente a México, 90 por ciento provenían de los Estados Unidos. En 2017 el Gobierno mexicano recuperó de manos de la delincuencia organizada 500 armas del operativo Rápido y furioso. Un año antes, en un informe de la Oficina del inspector General del departamento de Justicia, Estados Unidos había aceptado la irresponsabilidad, falta de previsión errores y fracaso del operativo. En 2020 el gobierno mexicano solicitó la información, subrayando que México no permitirá que su soberanía sea pisoteada. La investigación evidenciaba el involucramiento gubernamental en la fecha del operativo —de 2009 a 2011[5] — y se confirmaba que Calderón estaba al tanto de él.

[1] https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-12-08-1/assets/documentos/Dic_REAN_Agencias_de_seg.pdf
[2]
[3] Ídem.
[4] https://www.jornada.com.mx/2011/03/16/politica/013n1pol
[5] https://www.proceso.com.mx/reportajes/202076/1/rapido-furioso-con-la-complicidad-del-gobierno-de-calderon-243794.html