Matanza de Acteal, Chiapas. Grave violación a los derechos humanos por parte del Estado mexicano en 1997

Fecha histórica en que se llevó a cabo la Matanza de Acteal a raíz de una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en la región de Los Altos de Chiapas. La acción violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, entre otros.

El contexto represivo y violento contra la comunidad chiapaneca surgió porque en el interior de esta había miembros afines a los ideales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El conflicto surgió debido a los problemas políticos e intercomunitarios en la región entre los miembros del consejo municipal de Chenalhó, dirigido por el PRI, y los simpatizantes del EZLN, quienes representaban al Consejo Municipal Autónomo de Polhó y a Las Abejas, sociedad fundada y registrada como organización sin fines de lucro en 1992[1].

El 24 de mayo de 1997 se presentaron en Chenalhó varios homicidios, desapariciones de personas, daños y robos a casas en los ejidos de Los Chorros, Polhó y Majomut. Debido a esto, 12 mil personas, aproximadamente, abandonaron sus comunidades por temor a represalias[2]. El contexto violento continuó los siguientes meses hasta el 17 de diciembre de 1997, cuando falleció Agustín Vázquez Secum, militante del PRI, en una emboscada por parte de un grupo integrado, se creía, por simpatizantes del EZLN[3].

Días después, el 22 de diciembre, un grupo de 60 paramilitares, vestidos de negro, dispararon con armas exclusivas del Ejército contra Las Abejas –conformado por indígenas tzotziles– mientras se encontraban orando dentro de una ermita. La masacre comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 7 de la tarde[4]; dejó un saldo de 45 personas muertas (18 mujeres –cuatro de ellas estaban embarazadas–, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres), así como 26 lesionados graves. Además, 12 víctimas murieron por heridas causadas por armas punzocortantes o por disparos recibidos por la espalda.

Debido a los terribles hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 1/98, que incluye los siguientes puntos dirigidos al gobernador de Chiapas. En primer lugar, la contribución al desarrollo y expedientes de las investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas y/o penales; el inicio del procedimiento administrativo que corresponda a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos; así como realizar las acciones necesarias tendentes a hacer efectivo, en términos de equidad, la indemnización a cargo del Estado[5].

El 2 de marzo de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el caso gracias a la persistencia de Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). A pesar de las pruebas reunidas, el 12 de agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de 20 paramilitares y 12 indígenas sentenciados, por faltas al debido proceso[6].

Los primeros pasos hacia la anhelada justicia empezaron a darse desde el respeto y el diálogo de esta administración del Poder Ejecutivo en conjunto con el gobierno del estado de Chiapas y los familiares de las víctimas. En este sentido, el 3 de septiembre de 2020, en la Ciudad de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad por la masacre; así como la aceptación de medidas de reparación integral a los familiares afectados, y acciones de carácter colectivo destinadas a la reconstrucción social de la comunidad[7].

Entre las acciones encontramos el reconocimiento al derecho a la vida y el interés superior de la niñez; becas para los menores de la comunidad, apoyo a vivienda, mantenimiento a carreteras de la localidad, mejoramiento de la infraestructura médica y compensación económica. El acuerdo incluyó a 18 víctimas fallecidas y a 12 víctimas sobrevivientes; además se respetaron y dejaron a salvo los derechos de otro grupo de víctimas que han tomado vías diferentes a este acuerdo.

Años después, el 12 de agosto de 2022, la sociedad Las Abejas solicitó a la CIDH que dictara el Informe de Fondo para el caso, pues la agrupación consideró que en el pasado se protegió a altos funcionarios. Al mismo tiempo indicaron que “el Estado no efectuó una investigación verdadera, sino que estos grupos [paramilitares] siguieron operando en la impunidad bajo la protección de las autoridades y por lo mismo seguimos viviendo una violencia tanto en Chenalhó, Pantelhó y municipios vecinos"[8].

A raíz de estos acontecimientos, día 22 de cada mes, el Frayba realiza acciones político-religiosas en conmemoración de las víctimas y sus familiares. Por ejemplo, en 2021, Las Abejas de Acteal elaboraron una colmena de dignidad con innumerables actos simbólicos, éticos y morales de reparación del daño, a 24 años de impunidad[9].