Nace en Jilotepec, Estado de México, Andrés Molina Enríquez
“La creación de una sola nacionalidad con todos los elementos de la población tiene que ser obra de la unificación de la patria [...] tendrán que resultar necesariamente de las medidas de resolución del problema de la propiedad, del problema del crédito territorial, del problema de la irrigación y del problema de la población, supuesto que unificadas las condiciones de la propiedad y repartida convenientemente la tierra, todos los habitantes de la república vendrán a quedar en condiciones más o menos iguales de vida fundamental”.

Andrés Molina Enríquez
Abogado y periodista

 

Su infancia y juventud transcurrió en Jilotepec, municipio ubicado al norte del Estado de México. El lugar presentaba desigualdades económicas y sociales entre los otomíes y los terratenientes del sitio. En diversos periodos, Enríquez interrumpió sus estudios universitarios para trabajar en la notaría de su padre, lo que le permitió conocer la situación crítica de la propiedad rural, un factor que influyó en la perspectiva de vida de Enriquez[1].

Más adelante, estudió en el Instituto Científico y Literario de Toluca, que instruía una educación de pensamiento liberal. En 1901, se recibió de abogado, por lo cual estableció su despacho, junto con Luis Cabrera, en la ciudad de México. Durante los siguientes años, publicó artículos en los siguientes periódicos: El Siglo XX, El Imparcial, El Tiempo y El Partido Liberal, además e haber editado la Hormiga. En 1907, publicó una serie de artículos bajo el nombre de Estudios de sociología mexicana, que sería el antecedente de su obra Los grandes problemas nacionales. A partir de su postura, en 1908, Cabrera lo acercó a los grupos antirreeleccionistas y sus ideas comenzaron a formar parte de las propuestas reformadoras de esa corriente política[2].

En 1909 público su máxima obra: Los grandes problemas nacionales. El documento se dividió en dos partes: La primera sección analizó las leyes de reforma. En la segunda describió la evolución de las formas de propiedad en la historia mexicana. Asimismo, estableció cinco problemas trascendentales que debían resolverse para la transformación del país: propiedad, crédito internacional, irrigación, población y el ámbito político[3].

En ese momento consideró que el principal obstáculo para establecer un régimen de pequeña propiedad productiva era el latifundio, que era improductivo y provocaba la miseria entre las comunidades indígenas y pequeños propietarios. Entonces, Enríquez consideró indispensable la intervención del Estado para dividir la gran propiedad y favorecer la compra de las haciendas con facilidades de pago a largo plazo a través de instituciones de crédito[4].

Una vez que el movimiento armado de Madero comenzó a crecer, Enríquez difundió el Plan de San Luis. No obstante, el 21 de mayo de 1911, se firmaron los Tratados de Ciudad Juárez entre Porfirio Díaz y Francisco I. Madero. El acuerdo era que el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, sería nombrado presidente interino hasta que pudieran llevarse a cabo elecciones. Molina pensó que era un engaño, por lo que, el 23 de agosto de 1911, proclamó su Plan de Texcoco contra Francisco León de la Barra, donde reivindicaba que las demandas sociales no fueron atendidas por el nuevo gobierno. A pesar de ello, su intención fue discreta y cayó preso durante dos años. Tal vez esa experiencia le ayudó a comprender y profundizar el problema agrario, puesto que en algún momento se comunicó con Francisco Villa y algunos integrantes del movimiento zapatista[5].

Después de cumplir su sentencia, el 3 de diciembre de 1912, Luis Cabrera pronunció en la Cámara de Diputados la erudición y aportación de Enríquez sobre la cuestión agraria. Con base en esa experiencia, formó parte de la Comisión Nacional Agraria y, junto con Luis Cabrera y el ministro de Fomento, Pastor Rouaix, elaboraron la ley agraria del 6 de enero de 1915, publicada en Veracruz por el líder constitucionalista Venustiano Carranza[6].

La relevancia en el tema agrario le permitió participar en la elaboración del artículo 27. En las sesiones comentó que el principal objetivo era la propiedad nacional estatal y la creación de la propiedad privada como concesión revocable; es decir, el propietario del suelo era la nación mexicana y solo el gobierno podría tener derechos a sus recursos naturales[7].

Posteriormente fue investigador en el Museo Nacional, incluso fue nombrado director del Departamento de Etnografía. Sus trabajos en el servicio público fueron en cargos de especialidad jurídica, además de dedicar sus esfuerzos a la cátedra y al periodismo[8]. Falleció el 1 de agosto de 1940 cuando era magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

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