Se promulga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas

El 27 de noviembre de 2007 se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. El objetivo de ésta fue atender y proteger a las víctimas, así como brindarles asistencia. Independientemente de la persecución del delito y castigo a los responsables del delito, su mayor relevancia es el énfasis en la salvaguarda de los derechos de las víctimas[1].

La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños, niñas y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. El instrumento internacional llamado Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas brinda la definición de “trata de personas: es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”[2].

En México, El 27 de marzo de 2007 se publicó una reforma al Código Penal Federal, mediante la cual por vez primera se tipificaba la trata de personas en nuestra legislación, representando un primer avance en la legislación en esta materia.

La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas fue el primer instrumento legal que estableció en forma detallada y precisa las diferentes estrategias y acciones para la prevención de la trata, así como las políticas y programas para proteger y dar asistencia a las víctimas[3].

Este ordenamiento fue abrogado el 14 de junio de 2012 con la publicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos[4]. Cabe destacar que esta ley se encuentra relacionada con la Ley General de Víctimas, la cual considera víctima a toda persona que ha sufrido directa o indirectamente, daño o menoscabo, económico, físico, mental, emocional o cualquier puesta en peligro a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos. Ambos ordenamientos fortalecen la protección y la asistencia de los grupos vulnerables[5].

En México, la trata de personas se sigue considerando exclusivamente desde la perspectiva criminal, es decir, como un delito que, en la mayor cantidad de las veces, pareciera aislado. Sin embargo, se encuentra en diferentes raíces sociales, económicas y culturales que requieren ser visibilizadas para comprenderlas y, en consecuencia, formular estrategias no reactivas, sino planificadas, para su atención. Esto significa que se deben analizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad que posicionan a determinadas personas o grupos entre aquellos más fáciles de ser violentados por los tratantes[6].

En 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Diagnóstico Sobre la Situación de la Trata de Personas en México, el cual abarca el periodo del 15 de junio de 2012 al 31 de julio de 2017. Entre la información analizada, se reportó que las Procuradurías y Fiscalías Generales identificaron a 5,245 víctimas de los delitos en materia de trata de personas: el 85% de éstas eran niñas y mujeres; el 15%, niños y hombres[7].

Para contribuir en la atención a este grave problema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Programa contra la Trata de Personas, ha encaminado sus esfuerzos, además de la protección y atención de las víctimas, en la elaboración de estudios, investigaciones, análisis e informes a partir de las problemáticas detectadas de la práctica cotidiana, con la finalidad de conocer la situación de trata de personas en el país, sumando con acciones y propuestas al fortalecimiento de las políticas públicas en materia de prevención, persecución, sanción y atención de estos delitos, así como para analizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley que permitan ejercitar los derechos de las víctimas[8].

El Programa impulsa una estrategia basada en tres ejes de acción. El jurídico, a través del cual se da difusión a los instrumentos normativos nacionales e internacionales sobre trata de personas y derechos humanos, a fin de promover su cabal cumplimiento; además se impulsa la armonización del marco jurídico nacional con los tratados internacionales, la implementación de leyes especiales en cada entidad federativa y la adopción de un marco jurídico homogéneo a nivel nacional. A través del eje institucional se fomenta la coordinación con los tres órdenes de gobierno para sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos, así como coadyuvar con las autoridades, promover y observar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes en materia de prevención, persecución y sanción del delito, para una eficiente protección y asistencia de las víctimas del mismo. Finalmente, a través del eje social se promueven y coordinan acciones de sensibilización y cooperación en todos los sectores de la sociedad civil, con el fin de lograr una eficaz respuesta social a este problema y evitar la captación de víctimas[9].