Sismos de 1985 y 2017 Organización y solidaridad del pueblo mexicano

El 19 de septiembre de 1985, México fue víctima de un sismo con magnitud de 8.1 grados. Ante la parálisis y reacción tardía de los gobiernos federal y de la capital del país, la población civil se organizó para solidarizarse con sus hermanos en desgracia. Sin herramientas ni maquinaria, los ciudadanos removieron con sus manos los escombros para rescatar a las víctimas, auxiliar a los heridos y resguardar o dar cobijo a los sobrevivientes que perdieron a sus familiares.

A las 7:19 horas de aquella fatídica mañana, la Ciudad de México se detuvo por unos momentos. A la fuerte sacudida de un movimiento oscilatorio y trepidatorio sucedió el derrumbe de construcciones y el levantamiento de pavimento en diversas zonas. Por varias horas la ciudad quedó incomunicada, sin luz, con el riesgo de explosiones por fugas de gas, pero de inmediato la sociedad civil comenzó a organizarse y pronto se formaron cuadrillas de rescate: de ahí surgió el grupo Topos. Además, los servicios de emergencias como bomberos, socorristas y policías actuaron por su cuenta ante la falta de coordinación o estrategias de las autoridades, que mantuvieron su inacción y falta de comunicación por horas. Bajo estas condiciones adversas, la gente se puso a ayudar a los vecinos a remover escombros, a improvisar camillas y medios de trasporte para llevar a los heridos a los hospitales, creando además sus propias redes de comunicación. De la organización y solidaridad de los mexicanos surgió el concepto de sociedad civil.

De esa experiencia traumática surgió la necesidad de crear un Sistema Nacional de Protección Civil para prevención y seguridad de los ciudadanos y para aminorar los daños por desastres naturales, no solo por sismos sino también por huracanes, reblandecimientos o desgajamientos de tierra, inundaciones o desbordamientos de ríos que cada año impactan a México. Además del sistema de alerta sísmica, se establecieron programas para crear la cultura de la prevención en escuelas y centros de trabajo y ensayar, mediante simulacros, las acciones en caso de sismo[1].

Más de tres décadas después, el 19 de septiembre de 2017 –justo en un aniversario más de aquel sismo de 1985–, a las 13 horas con 14 minutos, ocurrió un terremoto de 7.1 grados de magnitud, cuyo epicentro estuvo a 12 kilómetros de Axochiapan, Morelos, en los límites entre Morelos y Puebla y a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Ese fenómeno natural provocó el derrumbe de varios edificios y casas, dejando cientos de muertos y miles de familias que aún no tienen un techo donde vivir[2].

Desde que ocurrió el terremoto de 2017, son frecuentes las denuncias sobre edificios mal construidos que se desplomaron o sufrieron daños irreparables. Las investigaciones posteriores revelaron el desvío de recursos destinados a atender a damnificados hacia las campañas políticas y otras innumerables irregularidades que provocaron daños a inmuebles y, con ello, la muerte de decenas de personas. Esas evidencias dieron origen a investigaciones como ¿Por qué se cayó mi edificio? la corrupción y negligencia que acabaron con vidas y patrimonio, conjunto de 28 reportajes realizados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El estudio revela que ninguna de las distintas autoridades involucradas conoce a plenitud las causas de los daños, el origen de todas y cada una de las decisiones humanas que pudieron haber incidido en el colapso de inmuebles, donde murieron al menos 228 capitalinos, y no se ha sancionado a quienes defraudaron la confianza de la ciudadanía, bien desde un puesto público o desde la gestión empresarial[3].

Ante la ocurrencia de un desastre, el Estado debe proporcionar atención en el marco de la ley, bajo los protocolos y procedimientos institucionales y garantizando el respeto a los derechos humanos. En ese contexto, se debe destacar el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que ha privilegiado la atención y el acompañamiento a las víctimas[4].

Para conmemorar a los fallecidos a causa de esos dos terremotos, el gobierno federal en turno suele convocar a la población del país a sumarse al macrosimulacro de sismo que se lleva a cabo cada 19 de septiembre[5], ya que no hay mejor manera de honrar a las víctimas que impulsando una todavía incipiente cultura ciudadana de prevención, a través de la organización –adicionalmente a los simulacros– de brigadas de protección civil en cada oficina y del establecimiento de sitios para concentrarse en caso de algún siniestro, entre otras dinámicas.