A cinco años de la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un respetuoso, pero enérgico llamado a los sistemas penitenciarios federal y estatales a realizar actividades sustantivas que den cumplimiento a la misma, para garantizar el acceso a servicios básicos en reclusión y a una efectiva reinserción social a favor de las personas privadas de la libertad en nuestro país.
La CNDH emitió el Pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor las personas privadas de la libertad en la República Mexicana, frente a la pandemia por COVID-19, e hizo un atento llamado a la aplicación de medidas urgentes de control y mitigación de riesgos en el Sistema Penitenciario Nacional. Entre otras, pide reforzar todas las acciones necesarias preventivas, urgentes e inmediatas, diferenciadas y con perspectiva de género, para garantizar prioritariamente el derecho a la salud y a la integridad personal y que se diseñe y ejecute un Programa Nacional de Despresurización Penitenciaria y se analicen, evalúen y determinen en el menor tiempo posible, los beneficios de preliberación establecidos en la ley.