El 27 de noviembre de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación General 43/2020, "Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias". Una respuesta al reclamo de la sociedad derivado de los altos índices de violencia en México contra mujeres y niñas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un enérgico llamado al Gobierno de Chiapas para que investigue con perspectiva de género, debida diligencia y exhaustividad las agresiones sexuales y el presunto feminicidio cometidos en contra de una estudiante de medicina en el municipio de Ocosingo.
Ante los altos índices de violencia en México, principalmente contra las mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 43/2020 por violaciones al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral a víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias ejercidas contra ellas. Ésta fue dirigida y notificada al Gobierno de México y a los Poderes Legislativo y Judicial.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprueba los hechos sucedidos la noche de ayer, 9 de noviembre, en las inmediaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, en los que presuntamente elementos policiales repelieron mediante detonaciones de posibles armas de fuego a manifestantes que se pronunciaban en contra de los feminicidios y violencia de género en dicha alcaldía, teniendo como resultado dos personas heridas por bala, los periodistas Reyna Cecilia Solís y Roberto Becerril, colaboradores de los medios locales Radio Turquesa y La Verdad, respectivamente.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta respetuosamente a las personas Titulares de la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas a investigar las agresiones, homicidios y feminicidios en razón de orientación sexual e identidad de género con la debida diligencia, transparencia, en apego a la técnica jurídica, y la evidencia jurídica necesarias.
