Personal del INM en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vulneraron los derechos a la seguridad jurídica, debido proceso y a las libertades personal y de tránsito de la víctima, al negarle el ingreso al país, a pesar de que había sido reconocida como refugiada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 143/2022 al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por rechazar el ingreso a territorio nacional de una persona en contexto de migración, quien contaba con el reconocimiento de la condición de refugiado por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 111/2022 al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, y a la directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Puebla (DIF-Puebla), Delfina Leonor Vargas Gallegos, por la inadecuada atención del caso de un adolescente en contexto de movilidad, de nacionalidad guatemalteca, quien, el 13 de enero de 2022 fue asegurado por personal del INM y trasladado a las instalaciones de la Estación Migratoria en el estado de Puebla, donde permaneció alojado en malas condiciones en el estacionamiento de ese recinto migratorio.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 62/2022 al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, por violaciones a los derechos humanos de las personas adultas mayores, a la seguridad y legalidad jurídica, así como al principio de no devolución, en agravio de una persona en contexto de migración internacional de 79 años, que fue deportada a su país de origen pese a que, en el año 2019, realizó una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.
Sobre el caso de violaciones a los derechos de petición y de respuesta, a la legalidad y a la seguridad jurídica por omitir brindar medidas de ayuda a dieciséis personas migrantes víctimas indirectas de familiares localizados en fosa clandestina
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, particularmente a del Municipio de Tijuana, Baja California, a garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes albergadas en el campamento “El Chaparral” y se privilegien las acciones de seguridad y protección a dicho grupo, ante la implementación de medidas restrictivas que limitan su ingreso a dicho recinto. Personal de este Organismo Autónomo da seguimiento a la implementación de las medidas cautelares solicitadas en marzo.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la lucha contra la trata de personas, sobre todo en contextos de migración, es uno de los temas de la agenda de los derechos humanos, subrayó la presidenta de este Organismo Autónomo, Rosario Piedra Ibarra. Por ello, agregó, la atención, protección, asistencia y prevención de este delito, son acciones indispensables y una necesidad urgente dada la problemática que enfrentamos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al Instituto Nacional de Migración (INM), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado, con el objetivo de salvaguardar la integridad de aproximadamente 600 personas en contexto de movilidad que se encuentran albergadas en la Casa del Migrante “Senda de Vida”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas (CODHET), exhortan a las autoridades estatales y municipales en Reynosa, Tamaulipas, para que, ante la solicitud de desalojo y demolición de la casa del migrante “Senda de Vida” se actúe con legalidad y se observe el irrestricto respeto los derechos humanos de las personas en contexto de migración, así como a los directivos y colaboradores de dicho albergue.
La CNDH dirigió la Recomendación 36/2020 al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por las inadecuadas condiciones de alojamiento y hacinamiento de las personas en contexto de migración internacional de las oficinas del Instituto en Monterrey, Nuevo León, en la estancia provisional de la “Expo Guadalupe” y en la estación migratoria Zozaya en el municipio de Guadalupe, en la misma entidad federativa, lo que derivó en el fallecimiento de una persona migrante.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la protección de la salud, así como al acceso a la información en materia de salud, en agravio de V, migrante salvadoreño, quien falleció a causa de COVID-19, tras permanecer bajo custodia del Instituto Nacional de Migración en la Estación Migratoria de la Ciudad de México, así como a la protección de la salud de personas en contexto de migración alojadas en dicho recinto y de todas aquellas que ingresan, se alojan o trabajan en ese sitio.
