La migración de personas indocumentadas hacia México
es un fenómeno constante y creciente. Por lo regular, cuentan
con el acompañamiento tanto de redes inconexas de solidaridad
y ayuda humanitaria, como de grupos criminales articulados. A
menudo se enfrentan a prácticas abusivas e irregulares
adelantadas por autoridades civiles del orden gubernamental, apoyadas
en su proceder por agentes de las fuerzas armadas regulares. Estos
son algunos de los factores que, entre muchos otros, potencian
la ya creciente violación de lo derechos humanos de los
migrantes internacionales al interior de la Republica. La mayor
parte de los hechos punibles cometidos contra este grupo poblacional
permanecen en total impunidad.
Es urgente la necesidad de atención a los migrantes indocumentados.
Dicha atención demanda la suma de esfuerzos sociales e
institucionales. Lo hecho hasta el presente ha sido valioso, pero
cada vez es más insuficiente ante el crecimiento sostenido
de las violaciones de los derechos humanos de los migrantes. Urge
innovar en las formas de atención a los migrantes, en los
registros de las agresiones ocurridas, en las acciones concertadas
entre organismos humanitarios e instituciones, en la formulación
y aplicación de política pública con apego
a los derechos humanos.
Existen esfuerzos sociales, laicos y eclesiásticos que
ponen atención especial en la defensa de los derechos humanos
de los migrantes. Estos esfuerzos son escasos a lo largo del territorio,
algunos de ellos bastante distantes y heterogéneos en geografía,
medios y alcances. Estos esfuerzos han seguido la travesía
de los flujos en sus rutas y densidades. Para los migrantes ha
significado una posibilidad de continuar camino arriba, en medio
de redes de diverso signo y solidaridades populares, espontáneas
y organizadas; para los organismos de la sociedad civil la migración
en las circunstancias actuales impone nuevos retos de vinculación
y acompañamiento.
La 5ª. Visitaduría de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) por su parte, reconoce la imperiosa
necesidad de fortalecer su vínculo con los organismos humanitarios
que atienden a los migrantes, en aras de potenciar los alcances
positivos de su mandato legal. Una tarea es la creación
del Registro Nacional de Agresiones a Migrantes.
Hasta el momento, hay en curso varios registros estadísticos,
de diversa cobertura territorial y temporal, con diversos elementos
informativos, captados con distinta metodología, con uso
de distintos instrumentos documentales y electrónicos,
con el concurso de capturistas con distinta cualificación,
con distinto patrocinio y no siempre con el mismo propósito.
El conjunto de características anteriores limita el alcance
de los esfuerzos realizados por los distintos actores y sectores
participantes.
Más allá de un mero registro contable, este Registro
representa una propuesta de colaboración que se acompaña
en distintos tiempos y alcances operativos, con programas y políticas
institucionales encaminados a alentar una práctica cultural
de respeto a los derechos humanos. El inicio de este trabajo multisectorial
se basa en la conformación de una red de colaboración
entre organismos civiles y la 5ª. Visitaduría de la
CNDH, que encamina sus trabajos al logro de tres objetivos centrales:
1) dar consistencia y solidez a las denuncias de los organismos
humanitarios a través de una base de datos con cobertura
nacional, 2) caracterizar los procesos delictivos, circunstancias,
lugares y agentes sociales que propician las prácticas
violatorias, 3) sistematizar elementos de juicio para los casos
que se puedan presentar ante las autoridades legales competentes.