II. ANTECEDENTES Y ENTORNO

A efecto de contar con elementos que permitan ubicar el marco en el cual se generan los hechos materia de este Informe Especial y el escenario en donde se inserta la investigación realizada por la CNDH, es necesario referirse, así sea brevemente, a las circunstancias políticas, sociales y económicas antecedentes y a los sucesos que se consideran como sus principales detonantes.

En ese sentido, no se pretende exponer una historia o crónica puntual acerca de los sucesos ocurridos en este periodo, más bien se hace una referencia del contexto en que se inscriben las desapariciones objeto de la investigación de esta Comisión Nacional y debido a la diversidad de las fuentes consultadas, sus afirmaciones pudieran no ser del todo exactas, lo cual no implica por parte de esta Comisión, ningún juicio de valor respecto de los grupos a que se alude.

En cuanto al surgimiento de los grupos durante el periodo de referencia, vale decir que éstos se caracterizaron por su dinamismo tanto estructural como ideológico, así como, en algunos casos, por una constante relación y escisiones entre unos y otros por motivos de ideas, estrategias o tácticas, lo cual impide una tipificación precisa e invariable de cada uno de ellos.

Por lo que se refiere a las causas, no obstante las diferentes ideologías y puntos de vista de los autores consultados, todos coinciden en señalar como orígenes del problema una situación caracterizada por graves circunstancias económicas, alto desempleo, escasez de alimentos y habitación, problemas agrarios, delincuencia, así como influencias externas, amén de surgir como una respuesta de los activistas ante la política del gobierno en turno, lo cual generó inestabilidad política y social en el país.

La década de los 60 se sintetiza en la transformación que en el curso de ésta ocurrió en el mundo: el transitar de la bipolaridad a la multipolaridad, a partir del acuerdo de coexistencia pacífica entre las dos superpotencias, con todas las crisis políticas e innovaciones culturales y cambios sociales que produce el fin de una época, sustentada en la centralidad dominante de dos cosmovisiones hegemónicas y confrontadas, así como dos versiones del mundo, convertidas para cada una de las dos sociedades y sus individuos, en el núcleo duro del universo ideológico y conceptual, que tuvo su correspondencia en la imposición de supuestos analíticos y percepciones valorativas que llegaron, en el extremo ideológico, a ser peticiones de principio con las cuales se oficializó el mundo intelectual y científico.

La bipolaridad dominante subordinó la temática intelectual a la dinámica ideológica entre los dos bloques político-militares, llamados "socialista" y "democrático", auto referencia ideológica que construía al "otro" a través de su estigmatización, calificándolo como "totalitario" o "imperialista". En ambos casos se llegó a expresiones extremas de imposición cultural. En los dos extremos, el campo ideológico se redujo a blanco o negro y el espectro posible de la interpretación del mundo al "comunismo" y a la "democracia", como las dos únicas y posibles formas de régimen político.

Con ese marco, los movimientos estudiantiles detonan en América, Asia, Europa y Medio Oriente. En África los estudiantes formados en las universidades metropolitanas eran parte importante de las elites dirigentes que promovían los procesos de lucha armada por la descolonización.

Aunque los movimientos estudiantiles tienen elementos que pueden ser considerados comunes en el mundo, las características de los países en los que éstos tuvieron lugar, marcan un punto de diferenciación entre ellos, no sólo en sus demandas particulares, sino, también, en sus tipos de lucha y finalmente en la manera en que dichos procesos sociales son enfrentados y "resueltos" por los gobiernos de los Estados nacionales. Aunque es precisamente la sincronía por encima de las diferencias de desarrollo económico, tradiciones políticas y sociales, lo que marca su identidad y da sentido a una década, troquelando el tiempo en la historia con los signos que la identifican y constituyen su significado. Éste es el tiempo en la historia del siglo XX en el cual se construye a la juventud como categoría social de identidad y diferenciación.

En el año de 1968 tuvieron lugar movimientos estudiantiles en Estados Unidos, Japón, Francia y Alemania; en la Europa mediterránea, en Italia y España; en los países latinoamericanos, en Argentina, Bolivia, Brasil, México, Perú y Uruguay y en Medio Oriente, en Turquía. Un elemento constante de los movimientos estudiantiles en esta parte del mundo fue el antibelicismo que se expresaba fundamentalmente en contra del intervencionismo norteamericano en la guerra de Vietnam. En América Latina en particular, una de las causas ideológicas de la movilización fue el repudio al bloqueo que Estados Unidos impuso a Cuba y la denuncia del respaldo del primero a los gobiernos golpistas de la región.

En Europa Oriental hubo también movimientos estudiantiles en Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia; en este último país, de manera más amplia, tuvo lugar la llamada "Primavera de Praga". En esa parte del mundo la lucha estudiantil se dio también por la libertad y en contra de los valores establecidos del statu quo, que aparecía también como una simulación ideológica detrás de la promesa liberadora de los Estados socialistas agazapados detrás de las prácticas totalitarias de Estado.

Pero no todas las movilizaciones estudiantiles fueron movimientos sociales, ni tuvieron el corte juvenil contestatario y transformador que buscaba la construcción de una nueva moral pública y una nueva estética, fundadas en otra escala de valores que influía en la percepción del mundo frente a versiones agotadas del mismo. La contraparte estudiantil de mayo de 68 en París y de la Primavera de Praga, fue la Revolución Cultural china, en donde el movimiento estudiantil formado por los llamados Guardias Rojas tuvo un objetivo restaurador del totalitarismo y un sentido profundamente conservador de las tradiciones autoritarias del poder político. En la Revolución Cultural, los sectores gobernantes más conservadores movilizaron a los jóvenes fanatizados por la preservación de la ortodoxia totalitaria.

La importancia de estos movimientos se expresa en su capacidad transformadora y en la reinterpretación de la historia a partir de esos acontecimientos. La democracia y la lucha contra el autoritarismo y el totalitarismo encontrarán en los movimientos estudiantiles del 68 a los creadores y escritores de las nuevas verdades políticas e ideológicas que animaron las batallas durante las tres décadas siguientes.

En nuestro país, las características del ejercicio de la vida política y de los actores participantes en ese momento, propiciaron el origen del llamado movimiento estudiantil, el cual tomó fuerza a raíz del enfrentamiento entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 y la preparatoria particular "Isaac Ochoterena", el lunes 22 de julio de 1968, sin desestimarse los antecedentes de Puebla en 1964, Morelia en 1966, Sonora y Tabasco en 1967, así como la influencia externa, ya que, debe recordarse, movimientos similares se produjeron en otras latitudes durante los mismos tiempos.

Este movimiento adquirió una gran dimensión debido a la unión de estudiantes de diversas procedencias escolares, cuyas exigencias en un principio solamente eran la destitución del jefe de la Policía del Distrito Federal; sin embargo, en breve lapso evolucionó, agregándose otras demandas, que a criterio de algunos observadores de la época ya habían sido planteadas por organizaciones políticas y grupos estudiantiles, y se desarrolló hasta el tristemente célebre y fallido mitin de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.

La sucesión de los movimientos reseñados indica que no se trató de hechos aislados, sino por el contrario, concatenados. En efecto, las demandas acumuladas y no resueltas fueron el caldo de cultivo generador de la respuesta de los grupos actuantes, sobre todo en la siguiente década, quienes buscaron la manera de hacerse escuchar y cumplir sus demandas. A esta parte de nuestra historia, la literatura y el medio periodístico han dado en llamar la "Guerra sucia de los años 70".

Así, en el escenario de la sucesión presidencial de 1970, mientras a la vista se desarrolló una lucha político-electoral sin sorpresas ni sobresaltos, decenas de activistas se ubicaron en la clandestinidad, dedicados de tiempo completo a tareas propias, como paso previo y necesario para el ulterior desarrollo de las acciones. En la mayoría de ellos imperó la idea de que ya había pasado el tiempo de las discusiones interminables y estériles: había llegado la hora de pasar a los hechos, a la acción.

A. LA ACCIÓN DE LOS GRUPOS

Entre 1973 y 1974 se exacerban las acciones guerrilleras y la contrainsurgencia. La Liga Comunista 23 de Septiembre pasó a un primer plano del enfrentamiento con el gobierno federal a partir del fallido secuestro y consiguiente asesinato del empresario neoleonés Eugenio Garza Sada, en septiembre de 1973. A este acontecimiento le sucede una etapa marcada por medidas drásticas contra la guerrilla: la detención ilegal, la tortura y la desaparición forzada e, incluso, probables ejecuciones extralegales de militantes y dirigentes.

Entre los principales grupos de activistas que después conformarían las organizaciones guerrilleras de la época se encontraba el grupo de "Los Procesos", donde confluyeron básicamente dos vertientes. Por un lado, los cristianos socialistas de la "Organización Cristiana Universitaria" (OCU) y del "Movimiento Estudiantil Profesional" (MEP), con bases en Monterrey y la Ciudad de México, dirigido por Ignacio Salas Obregón y, por otro lado, la corriente de la "Juventud Comunista Mexicana" (JCM) que en diciembre de 1970 rompe, bajo el liderazgo de Raúl Ramos Zavala, con el Partido Comunista, para encaminarse decididamente hacia la clandestinidad. En su desarrollo, este grupo daría posteriormente su tonalidad y sus características radicales a la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Otro grupo en la conformación de la Liga fue el que resultó de la fusión entre el "Movimiento 23 de Septiembre", vinculado a Chihuahua y a su historial guerrillero, con parte del "Movimiento de Acción Revolucionaria" (MAR), integrado en su origen por estudiantes mexicanos provenientes de la Universidad Patricio Lumumba, de Moscú.

Otros grupos participantes en la fundación de la Liga 23 de Septiembre fueron el "Comando Armado Lacandones", integrado por activistas de los Comités de Lucha del politécnico y —en menor medida— de la UNAM, cuyos principales dirigentes fueron Carlos Salcedo, Miguel Domínguez Rodríguez y David Sarmiento. De los mismos orígenes sociales, pero con un sector ligado a Chihuahua, provenía el grupo "Los Guajiros", cuyo principal dirigente era Diego Lucero.

Además, en la conformación de la Liga participó la fracción mayoritaria del "Frente Estudiantil Revolucionario" (FER) de la Universidad de Guadalajara; los llamados enfermos de Sinaloa, con fuerte presencia en la Universidad Autónoma de ese estado y un grupo articulado en su origen al "Movimiento Espartaquista Revolucionario", con presencia en Tamaulipas y Nuevo León, principalmente.

Las principales acciones de la Liga fueron el ya mencionado intento de secuestro y muerte, en septiembre de 1973, del empresario Eugenio Garza Sada, así como el secuestro y posterior asesinato del industrial jalisciense Fernando Aranguren, y el fracasado intento de secuestro de Margarita López Portillo, amén de innumerables acciones "expropiatorias", enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad y varios intentos por implantar columnas guerrilleras en zonas rurales de Sonora, Chihuahua y Oaxaca.

Otros agrupamientos importantes de la guerrilla mexicana fueron la "Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres", dirigida por el profesor Lucio Cabañas, que tuvo presencia básicamente en el estado de Guerrero. En sus orígenes, Cabañas fue un maestro rural militante del Partido Comunista Mexicano, que se radicalizó en el ambiente de una lucha política y social que encaraba constantes como la impunidad de los caciques y la represión de las fuerzas policiales, sobre todo en las áreas rurales. Sus principales acciones fueron, además de emboscadas al Ejército y a las fuerzas de seguridad, el secuestro en 1974 del gobernador electo de Guerrero, Rubén Figueroa.

También tuvo impacto en la opinión pública el grupo comandado por el profesor Genaro Vázquez Rojas, la "Asociación Cívica Nacional Revolucionaria" (ACNR), con presencia principal también en Guerrero, organización que no sobrevivió, como guerrilla, a la muerte de su líder en febrero de 1972. Su acción más conocida fue el secuestro de Jaime Castrejón Díez, en ese entonces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien fue canjeado por una decena de presos del movimiento armado, mismos que fueron enviados a Cuba por el gobierno mexicano.

En 1973, una parte de Los Guajiros rehusó integrarse a la Liga 23 de Septiembre y en unión con otra fracción del "Frente Estudiantil Revolucionario" (FER) constituyeron las "Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo" (FRAP), de implantación local en Jalisco. Este grupo fue responsable del secuestro del cónsul estadounidense Leonhardy en mayo de 1973, del secuestro de José Guadalupe Zuno, suegro del presidente Echeverría y se le atribuyó oficialmente la muerte de Carlos Ramírez Ladewig, líder moral de la "Federación de Estudiantes de Guadalajara" (FEG).

Una tercera y más pequeña fracción del FER de Guadalajara se integró a la "Unión del Pueblo", grupo de orígenes que después se transformaría en el "Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo" (PROCUP) y que hoy ha reaparecido bajo el nombre del "Ejército Popular Revolucionario" (EPR). El rasgo característico de este grupo era, en aquel entonces, la tendencia a detonar explosivos en lugares públicos, como forma de protesta.

En 1969 se fundó en Monterrey la organización denominada "Fuerzas Armadas de Liberación Nacional" (FALN): Este grupo no participaba en acciones como secuestros o "expropiaciones", pues toda su actividad estaba encaminada a crear una "fuerza estratégica" en la selva chiapaneca. En 1974 es asaltada por la policía una "casa de seguridad" de las FALN en Nepantla, estado de México, y poco después muere en un enfrentamiento con el Ejército su principal dirigente, Cesar Yáñez, en Chiapas. Las FALN serían el origen del actual "Ejército Zapatista de Liberación Nacional" (EZLN).

Existieron, además, un cierto número de organizaciones más pequeñas, que no lograron mayor trascendencia. Entre estos grupos estuvieron el "Frente Urbano Zapatista" (FUZ), los "Comandos Armados del Pueblo" (CAP), la "Liga de los Comunistas Armados", entre otros.

Contra estos grupos, la política antisubversiva se caracterizó, al menos hasta 1981, por tener facultades prácticamente ilimitadas. Su operación estuvo a cargo de grupos especialmente formados por algunas corporaciones de la seguridad del estado, (Brigada Blanca o Brigada Especial) encabezadas por la dirección Federal de Seguridad, como podrá advertirse a lo largo de este Informe.

La amnistía a los presos y prófugos de la guerrilla, así como la reforma política de 1978, que legalizó a la izquierda comunista, posibilitaron la incorporación de decenas de guerrilleros y exguerrilleros a la vida civil y a la actividad política legal. Sin embargo, algunos grupos y activistas clandestinos no reconocieron la validez de este nuevo espacio político y continuaron con el proyecto insurreccional, bajo la formulación genérica de "guerra popular prolongada". De tal modo, la violencia continuó hasta inicios de la década de los ochenta y se tradujo en acciones armadas, enfrentamientos, con la continuación de los excesos de los organismos antisubversivos y las consecuentes desapariciones forzadas que engrosaron la relación de hechos ilegales, que aquí se ha procurado documentar.

B. LA RESPUESTA DEL ESTADO

Para contrarrestar la acción de los grupos mencionados en el apartado previo, en la zona urbana se integró la denominada "Brigada Especial o Brigada Blanca", la cual estuvo conformada predominantemente por miembros de la Dirección Federal de Seguridad, de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, de la Procuraduría General de Justicia del estado de México y del Ejército mexicano, destinado a investigar y localizar por todos los medios a los grupos citados, sobre todo a los miembros de la llamada "Liga Comunista 23 de Septiembre".

A partir de sus investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se allegó de información relativa a detenciones, interrogatorios, cateos y reclusiones ilegales, listas de personas que estuvieron recluidas en el Campo Militar Número 1, en el cuartel de Atoyac, Guerrero, en las instalaciones militares de diversas zonas del país, en la base aérea de Pie de la Cuesta, en el estado de Guerrero, y en las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, así como en cárceles clandestinas. De la misma forma, obtuvo información sobre la eventual desarticulación de los grupos a partir de la detención de sus integrantes, ejecutada por agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad, integrados a la "Brigada Especial o Brigada Blanca", al frente de la cual estuvo el entonces subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, como responsable de la Comisión de Seguridad, y el entonces comandante del 2o. batallón de la Policía Militar, como responsable de las acciones directas de los órganos ejecutores, los cuales estaban compuestos de ocho grupos operativos distribuidos en diversas áreas, e integrados por personal selecto de las diferentes policías del ámbito federal, estatal, municipal y el Ejército.

Igualmente, las investigaciones permitieron corroborar la existencia de instalaciones a cargo de los miembros de la mencionada "Brigada Especial o Brigada Blanca" dentro del Campo Militar Número 1, la cual contó con el apoyo de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal, tal y como quedó acreditado con los documentos que esta Comisión Nacional tuvo a la vista y de los cuales se desprende la participación de al menos 42 elementos de la mencionada corporación.

La "Brigada Especial o Brigada Blanca" tuvo a su cargo la responsabilidad de enfrentar, a partir de junio de 1976, a los miembros de los grupos que con antelación quedaron detallados; para ello, recurrió con frecuencia a prácticas que se apartaban del marco jurídico y propiciaban un estado de anulación de la personalidad de las personas a su disposición, tal es el caso de: allanamientos de morada, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, privaciones ilegales de la libertad, así como la desaparición forzada que se les atribuyen, y las cuales quedaron acreditadas en los casos expuestos en el apartado V del presente Informe Especial.

Es importante señalar que el artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, a la cual estaba adscrita la Dirección Federal de Seguridad, vigente a partir del 16 de agosto de 1973, asignaba a ésta la responsabilidad de vigilar, analizar e informar de hechos relacionados con la seguridad de la Nación y, en su caso, hacerlos del conocimiento del Ministerio Público Federal; proporcionar seguridad, cuando se requiriera, a funcionarios extranjeros que visitaran oficialmente el país, y, realizar todas las actividades que en la esfera de su competencia le confiriera el titular y a la Secretaría, así como otras disposiciones legales; atribuciones idénticas se asignaron a esta Dirección en los reglamentos interiores de la Secretaría de Gobernación, publicados en el Diario Oficial de la Federación, de fechas 6 de julio de 1977 y 14 de junio de 1984.

A su vez, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de la misma Secretaría tenía asignada, por virtud del Reglamento publicado el 16 de agosto de 1973, la responsabilidad de estudiar los problemas de orden político o social que le encomendara el titular del ramo y proporcionar los informes correspondientes; auxiliar en la investigación de infracciones a la Ley de Juegos y Sorteos, y realizar todas las actividades que, en la esfera de su competencia, confirieran a la Secretaría otras disposiciones legales.

A las responsabilidades anteriores se agregaron, por disposición del Reglamento publicado el 6 de julio de 1977, las de organizar la documentación que se elaborara como resultado de las tareas de investigación realizadas; organizar un centro de documentación con libros, revistas, publicaciones y material informativo sobre los problemas políticos y sociales del país, para consulta interna de la Secretaría, y efectuar encuestas de opinión pública sobre asuntos de relevancia nacional, las cuales se reiteraron en el Reglamento publicado el 14 de junio de 1984.

Posteriormente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1985, la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales desaparecieron, años antes se había anunciado públicamente la disolución de la denominada "Brigada Especial o Brigada Blanca," sin dejar de lado los señalamientos y acusaciones que enfrentaron un buen número de sus miembros, por su actuar al margen de la ley.

Al desaparecer la Dirección Federal de Seguridad se creó la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, con las atribuciones de vigilar e informar sobre los hechos relacionados con la seguridad de la Nación y, en su caso, hacerlos del conocimiento del Ministerio Público Federal; realizar las investigaciones y análisis de los problemas de índole política y social del país que le encomendara el titular del ramo; realizar encuestas de opinión pública sobre asuntos de interés nacional; proporcionar seguridad, cuando se requiera, a funcionarios extranjeros en visita oficial al país; las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyeran, así como las conferidas por el titular del ramo.

Por otra parte, en la zona rural, específicamente en el estado de Guerrero, la respuesta del Estado se enfocó en los términos contenidos en un documento localizado en los archivos de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad, en resguardo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, de fecha 7 de julio de 1972, en el cual cuatro agentes informaron al entonces Director Federal de Seguridad sobre la situación que privaba en dicho estado y solicitan el apoyo del Ejército mexicano para realizar de una manera adecuada sus acciones, con una estrategia que de manera literal consigna lo siguiente:

La respuesta gubernamental a las acciones de los grupos y, sobre todo, el actuar de los servidores públicos del Estado mexicano en la zona urbana y rural a que se alude en el presente Informe Especial, no se basó en atribuciones conferidas por el marco jurídico para enfrentarlas dentro de los límites de la ley, ofreciendo a los probables responsables de delitos todas las garantías de defensa previstas en la Constitución General de la República y sólo limitarles sus derechos mediante juicio en el cual se respetaran la formalidades esenciales del procedimiento, sino, por el contrario, la regla general fue traspasar los límites de la legalidad, como se aprecia y se acredita en el apartado V de este Informe Especial en donde se abordan en particular los casos de cada uno de los agraviados.