02 de Julio del 2020
El pasado 29 de junio, Guadalupe Martínez Aguilar, rectora de la Universidad de Valladolid, fue asesinada, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Al respecto, preocupan a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el agravamiento de la violencia en distintos territorios del país, la agudización de la violencia feminicida, así como la falta de mecanismos para prevenir y evitar este tipo de eventos.
La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Maestra Rosario Piedra Ibarra, hizo del conocimiento de la opinión pública que el pasado 8 de junio del presente año fue víctima de una serie de ataques y amenazas proferidas a través de llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales y de texto.
El diez de junio del año en curso, pobladores de la comunidad de Guadalupe Tepeyac, perteneciente al Municipio de las Margaritas, Chiapas, retuvieron durante varias horas al Director del Hospital Rural IMSS-BIENESTAR del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la citada localidad; a quien señalaron como responsable del fallecimiento de un paciente, circunstancia que tuvo como consecuencia que se suspendieran los servicios médicos que brindan a los Municipios de la Trinitaria, Ocosingo, Altamirano y las Margaritas, Chiapas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el que se da cuenta de los resultados obtenidos tras el seguimiento puntual de las condiciones que prevalecen y viven las personas privadas de la libertad ante la pandemia COVID-19, recopilando en dicho instrumento, los resultados obtenidos y, derivado de éstos, se formularon peticiones específicas dirigidas a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, a nivel nacional y estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que conforme a los principios de trato humano, oportunidad y debida diligencia sean atendidas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su beneplácito por el nuevo giro que está tomando la investigación al proponerse conocer el destino de los jóvenes y hacer justicia con base en una indagatoria que genere credibilidad llevándola a las consecuencias que de ella se deriven. Por ello nos congratulamos que la investigación ofrezca avances en cuanto a la ruta de desaparición, destino final de los normalistas; así como de la responsabilidad de servidores públicos y demás involucrados.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es necesario que en el relajamiento de las restricciones sanitarias y en la implementación de medidas que mitiguen riesgos para la salud se diseñen estrategias que marquen un retorno a las actividades en donde los trabajadores y trabajadoras puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y en medio de medidas adecuadas.
El pasado 9 de junio, en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, se suscitó el caso en el que un policía municipal disparó en contra de un grupo de jóvenes, lo que ocasionó la muerte de Alexander Martínez Gómez, de 16 años.
A la luz de esta premisa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite un extrañamiento y lamenta profundamente las expresiones discriminatorias, ofensivas y displicentes vertidas por el Dr. Jorge Castañeda Gutman, intelectual, escritor, comentarista y excanciller del gobierno de México, en el periodo 2000-2003, en un programa de opinión en televisión abierta, transmitido el pasado jueves 25 de junio, en el que adjetivó al Municipio indígena oaxaqueño de Putla Villa de Guerrero, como “pueblo horroroso” y arrabalero”, en el contexto de un análisis sobre quehacer de los médicos cubanos en el combate de la pandemia de COVID-19 que se registra en el país.
Cabe mencionar que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos nombró el pasado 26 de febrero al doctor John Mill Ackerman Rose como integrante del Comité Técnico de Evaluación al que se refiere el artículo 41, fracción V, apartado A, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que será el responsable de calificar la idoneidad de los cuatro nuevos consejeros con los que se renovará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designación efectuada en consideración a su capacidad y trayectoria profesional reconocidas.
