La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió Medidas Cautelares dirigidas al Gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, así como a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de esa entidad, con el propósito de salvaguardar la integridad física y psicológica de cuatro mujeres indígenas que se encuentran recluidas en diferentes centros penitenciarios.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su Cuarta Visitaduría, impartirá el Programa de Formación en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en línea, que tiene como objetivo dar a conocer la situación que guardan estos grupos en el país. El Programa ofrecerá herramientas convencionales, constitucionales, legales y de acompañamiento para la promoción, protección y defensa de sus derechos.
Con la finalidad de proteger a los habitantes de los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió Medidas Cautelares al Gobierno de esa entidad, requiriéndole, con carácter de urgente, garantizar sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, patrimonio, así como su seguridad individual y colectiva.
Ante las versiones equívocas que han circulado en redes sociales sobre los hechos acaecidos en el Municipio de San Mateo del Mar, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en los meses de mayo y junio pasados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informa que envió al lugar de los hechos a representantes de la Cuarta y Segunda Visitadurías, encabezadas por sus Directores Generales y un equipo multidisciplinario conformado por abogados, peritos médicos, psicólogos y criminalistas, para verificar in situ el cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas al Gobierno de esa entidad, así como para documentar una queja por posibles violaciones a derechos humanos atribuidos a autoridades federales y estatales.
Para que México avance en el reconocimiento de los derechos humanos de pueblos indígenas y afromexicanos, es necesario que el Estado mexicano diseñe una nueva relación con estas comunidades, a través de un enfoque que considere aspectos como la igualdad de género, el cumplimiento de acuerdos legales, el fortalecimiento de políticas públicas, así como el respeto absoluto a sus usos y costumbres, coincidieron en señalar los participantes del conversatorio virtual Los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.
La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, exhortó al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo, y a los gobiernos de los estados de la República a introducir el “Principio de irreductibilidad presupuestaria” en dependencias, organismos e instancias públicas responsables de la promoción de la igualdad, así como del combate y erradicación de la discriminación; además de dotarlos de mayores facultades de actuación y atribuciones vinculatorias a sus recomendaciones y determinaciones institucionales.
La CNDH condenó enérgicamente el homicidio del periodista Jorge Miguel Armenta Ávalos, director del rotativo Tiempo y “Medios Obson”, ocurrido el sábado 16 de mayo en Ciudad Obregón, Sonora, y expresó condolencias a sus familiares, solidaridad con sus compañeros del medio informativo y con el gremio periodístico en general. Asimismo, demandó a las autoridades de procuración de justicia investigar de manera exhaustiva los hechos, con especial atención en la posible relación con las labores informativas del comunicador.
La CNDH emitió Medidas Cautelares a favor de los pueblos originarios de la Península de Yucatán, dirigidas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), para que de manera urgente suspenda las actividades no esenciales relativas al proyecto denominado “Tren Maya”, y evitar el contagio y la propagación del virus entre trabajadores de la obra y habitantes de la región.
La CNDH hace un respetuoso llamado a las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en sus decisiones sobre la constitucionalidad de diversas porciones normativas de la Ley Minera, salvaguarden la posesión de las tierras, territorios y recursos de las comunidades indígenas Maseuales de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, del Estado de Puebla, por encima del otorgamiento de títulos de concesión. Hace este pronunciamiento en víspera de que el Máximo Tribunal de Justicia en el país resuelva sobre la constitucionalidad de algunas partes de la Ley Minera, con relación a los derechos territoriales que les son propios a esas comunidades.
