La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 166/2022 al Fiscal General del estado de Tabasco, Nicolás Bautista Ovando, por la no aceptación de las Recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco (CEDH Tabasco) por violaciones a los derechos humanos a la libertad, la seguridad personal e integridad física por desaparición forzada, y a la justicia en su modalidad de procuración, a la verdad, la legalidad y la seguridad jurídica en agravio de la víctima y su familia, atribuibles a personal de dicha fiscalía.
El 1 septiembre del presente, se recibió el escrito de queja que da cuenta de la privación de la vida de una niña, derivado de una bala perdida en un supuesto enfrentamiento entre el Ejército Mexicano y civiles.
1.- Solución a todas las revictimizaciones de las que ha sido objeto X por parte de la CNDH.
R.- La CNDH, y su personal que ha atendido el caso, jamás ha revictimizado ni revictimizará víctimas. Muy por el contrario, en el caso específico de la víctima que se menciona, se le han dado todos los apoyos y acompañamientos que ha solicitado, se promovieron reuniones y mesas con autoridades diversas buscando el cumplimiento de la Recomendación que le daba reconocimiento como víctima y su plena satisfacción en la reparación que le correspondía, pero misma que, una vez entregada por la CEAV y recibida por la víctima y su familia, imponía la conclusión de la participación de esta Comisión Nacional.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), considera fundamental contribuir a la lucha contra este delito, mediante la construcción de una estrategia integral del Estado para garantizar su erradicación, la sanción de quienes la promueven y la ejercen y a la vez la protección y defensa de los derechos humanos de las víctimas, buscando que accedan a la justicia y a la reparación del daño.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce el trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla en la búsqueda, localización y presentación de los probables responsables del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón, ocurrido el pasado 21 de mayo en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 46/2022 a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, así como a autoridades federales y estatales, a fin de realizar acciones para que el Estado garantice el derecho a la verdad, a la memoria y, sobre todo, a la democracia y al pleno ejercicio de los derechos humanos en México.
El día de ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió, formalmente, de parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, la posesión legal de las instalaciones que se encuentran en la calle República de Cuba No. 60, que el pasado viernes 15 de abril fueron recuperadas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del la Ciudad de México.
Con respecto al boletín que circula en redes sociales y algunos medios de comunicación, firmado por el C. José Martínez Cruz, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se permite precisar que la información del no ejercicio de la acción penal corresponde a hechos determinados por la autoridad ministerial el 18 de agosto de 2021, por lo que, el hacerlos del conocimiento público podría repercutir en el procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde actualmente se encuentra dirimiendo su actuación y situación como servidor público, y sus posibles faltas administrativas graves.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena enérgicamente los graves hechos de violencia ocurridos el día 05 de marzo en el estadio Corregidora de Querétaro, derivado del enfrentamiento entre supuestas barras de aficionados de dos equipos de futbol, cuyo saldo de personas agraviadas es aún indeterminado.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de QV y V, por la omisión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, de brindar la protección y auxilio, así como de fundar y motivar el acto de autoridad, ante la necesidad de ser reubicados en un domicilio distinto derivado de las amenazas recibidas y relacionadas con el homicidio de su familiar
