La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 77VG/2022 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, por violaciones graves a derechos humanos de una víctima, quien fue sometida a detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura, atribuibles a elementos militares en Baja California, en el año 2009.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 74VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad personal por detención arbitraria, a la libertad sexual por realizar actos de esa naturaleza en una persona sin su consentimiento, así como a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura en agravio de dos personas, atribuibles a elementos de la Guardia Nacional (GN); así como al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, por violaciones a la seguridad jurídica en su modalidad de procuración de justicia, por negligencia en actos de investigación, en agravio de las dos víctimas, atribuible a personas servidoras públicas adscritas a dicha fiscalía.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 73VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos, consistentes en actos de tortura y retención ilegal en agravio de una víctima, por parte de elementos de la entonces Policía Federal (PF) en Pátzcuaro, Michoacán.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la libertad personal por detención arbitraria, a la libertad sexual por realizar actos de esa naturaleza en una persona sin su consentimiento y a la integridad personal, así como al trato digno, por actos de tortura en agravio de V1 y V2, por elementos de la Guardia Nacional; además violaciones a la seguridad jurídica en su modalidad de procuración de justicia por practicar de manera negligente actos de investigación en agravio de V1 y V2, por personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Sobre el caso de violaciones graves a derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura en agravio de QV, por elementos de la Secretaría de Marina, en Ciudad Mante, Tamaulipas.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal por tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de tortura, a la reinserción social en el marco de sus 5 ejes rectores, seguridad jurídica y a la legalidad en correlación al derecho al acceso a la justicia y la verdad, en agravio de V1 a V672, personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social en Gómez Palacio, Durango; y del derecho a la información a sus familiares.
Sobre el caso de violaciones graves a derechos humanos por detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura en agravio de V, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Con referencia a la nota publicada en el portal electrónico de la Revista Proceso a las 11:49 horas del 5 de noviembre de 2022, firmada por Gloria Leticia Díaz, titulada: “La Sedena se dio el lujo de girar instrucciones a la CNDH”, la que a su vez fue publicada en el número 2401 de fecha 6 de noviembre de 2022 de la versión impresa de ese medio, y referenciada en la portada de la misma bajo el título: “Ayotzinapa: Sedena demanda a la CNDH cerrar queja contra militares”, nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones:
Sobre el caso de violaciones graves a derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad, a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura y retención ilegal en agravio de QV, por parte de elementos de la entonces Policía Federal, en Pátzcuaro, Michoacán.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 72VG/2022, por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica y a la integridad personal, cometidas en contra de una víctima, detenida injustificadamente y torturada en el año 2014, por elementos adscritos a la extinta Policía Federal Ministerial (PFM), que perteneció a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR).
