Asunto:

A través del presente DNSP 2022 se identifican aspectos relacionados con las condiciones de vida en la que se encuentran las personas en prisión preventiva y de las que cumplen una pena de privación de libertad, a fin de que éstas sean compatibles con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos que las posibilite hacia el alcance de una reinserción social efectiva mediante el cumplimiento de los ejes constitucionales conforme a la observancia de los principios pro persona, no discriminación y presunción de inocencia.

Asunto:

El presente Diagnóstico es más que el análisis del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, es una aportación al análisis de la realidad que viven las y los trabajadores de la comunicación social, y las defensoras y defensores de derechos humanos, en un México en transformación. Una transformación que desde luego pasa, también, por la revisión de las relaciones entre el poder, los medios y los activistas. Así como de los mecanismos que tiene el Estado la obligación de proveer, para el cabal despliegue de estas importantes tareas.

Asunto:

Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021. Procuración e impartición de justicia

Contenido relacionado:
Asunto:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México tiene por objeto esencial la protección de los derechos humanos, además, lleva a cabo otras actividades como las de observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Para lograr lo anterior, la ley le otorga, entre otras, funciones como: a) Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; b) Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país; c) Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, etc.

Asunto:

El Diagnóstico sobre víctimas de trata de personas y las capacidades institucionales para su atención ofrece un panorama nacional, tanto de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, como de las capacidades institucionales que se tienen para su atención y protección, desde las respuestas otorgadas por las autoridades para esta materia y a partir de las experiencias que las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han tenido en la atención directa y en la canalización.