Fin de la Guerra Cristera (1926-1929)

El 21 de junio de 1929 finalizó la Guerra Cristera. Este conflicto armado también recibió el nombre de Guerra de los Cristeros o Cristiada y comenzó en agosto de 1926. Los cristeros fueron aquellos mexicanos católicos y conservadores que resistieron con su levantamiento la aplicación de la Ley Calles, la cual fue expedida el 14 de junio de 1926 con el fin de acotar el culto y sacerdocio católico en México conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917: no reconocimiento de personalidad jurídica a las iglesias ni derecho a poseer bienes raíces, no participación del clero en la política y prohibición de impartir culto fuera de los templos. La Ley Calles también planteaba la reducción del número de sacerdotes. Su nombre viene del presidente que la expidió: Plutarco Elías Calles.

Los expertos coinciden en que ni los obispos ni el Gobierno de Calles se imaginaron el impacto social que representaría el cierre de iglesias en el país y la incertidumbre de no saber si podrían seguir recibiendo los sacramentos. Se trata de un movimiento que nace desde abajo y mueve a mucha gente. Hay en él dos tendencias: una, de grupos reducidos, que se da en los Estados mexicanos de Colima, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Jalisco o Michoacán; otra, la de una organización, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, en la capital del país[1]. El fin de esta organización era reconquistar la libertad religiosa y las demás libertades que dimanan de ella. El sucesor de Calles fue Emilio Portes Gil (1928-1930), quien ocupó su cargo con carácter de interino, pues el presidente electo, Álvaro Obregón, había sido asesinado en julio de 1928. Ante la crisis nacional por los tres años de la guerra ―cuyo costo humano alcanzó las cifras de doscientos cincuenta mil muertos y similar cantidad de refugiados hacia los Estados Unidos―, tanto el mando cristero como la Santa Sede, su aliada, y los gobiernos de México y los Estados Unidos, aliado éste del mexicano, decidieron poner fin a la contienda. Así, el 21 de junio de 1929 se firmaron unos acuerdos redactados por Dwight W. Morrow, el embajador estadounidense en México. Carecían de valor oficial, dada la falta de personalidad jurídica de la Iglesia, pero no de voluntad conciliatoria. Además del embajador, los firmantes fueron el presidente Portes Gil, el arzobispo de Michoacán y delegado apostólico Leopoldo Ruiz y Flores, y el obispo de Tabasco Pascual Díaz[2].

Nada se cedió en estos tratados por parte del Estado, el único condicionante fue la salida del país de los prelados que habían apoyado abiertamente el levantamiento ―José María González y Valencia, arzobispo de Durango, y José de Jesús Manríquez y Zárate, obispo de Huejutla, Hidalgo― y Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, quien si bien se mantuvo oculto durante toda la guerra era considerado líder de los cristeros. A cambio se ofreció lo siguiente: amnistía a todo cristero que rindiera las armas y devolviera a la nación templos o casas no pertenecientes a alguna administración gubernamental. Los batallones cristeros estaban formados mayoritariamente por campesinos de Jalisco, Guanajuato. Colima, Nayarit y Michoacán, pero cualquier católico que se alzara en defensa de su Iglesia pertenecía al movimiento, sin distinción de estrato social, género o edad[3].

En su informe presidencial ante el Congreso el 1 de septiembre de 1929, Emilio Portes Gil declaró los pasos dados a favor del movimiento cristero: reanudación del culto católico en las iglesias, siempre y cuando los sacerdotes de ese credo se sometieran a las leyes del país, por lo cual 858 templos ya habían sido retornados a manos de la Iglesia Católica. Al iniciarse el movimiento, los cristeros habían tenido la esperanza de tomar el territorio norte de México y, con el apoyo de distintas organizaciones católicas en distintos países, incluido los Estados Unidos, ser reconocidos como parte beligerante y obtener los derechos internacionales que tal condición les permitía: acceder al poder como contendientes en una guerra civil, desconociendo a la autoridad gubernamental y controlando una parte del territorio, donde podrían tener su propio gobierno, ejército y planteamiento político[4]. No lo lograron, y después de tres años de guerra estaban agotados y diezmados. Eso fue lo que los llevó a aceptar la paz. Sin embargo, esta sería temporal. Aunque oficialmente se considera terminada la Cristiada el 21 de junio de 1929, durante más de diez años siguieron dándose alzamientos de grupos católicos armados contra el laicismo gubernamental mexicano. Los conflictos amainaron realmente cuando el Estado mexicano asumió, después del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, la libertad de cultos, la extinción de una educación con fundamentos socialistas y la apertura de las iglesias a culto público. Era la década de 1940. Pasaron casi cinco décadas más para que estos puntos se asumieran a nivel constitucional.

[1] https://elpais.com/politica/2019/06/20/sepa_usted/1561050765_821159.html
[2] https://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/6/21061929.html
[3] https://youtu.be/4hj-bp0iwlo
[4] https://www.enfoquederecho.com/2011/06/01/que-es-el-reconocimeinto-de-beligerancia/