Incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. 5 de junio

El día 5 de junio de 2009, aproximadamente a las 14:45 horas, ocurrió el lamentable incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El plantel estaba subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Como resultado fallecieron 49 menores y hubo un número indeterminado de niños y adultos lesionados[1].

Todo comenzó en una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Ahí se originó el fuego y el humo migró hacia la guardería sin mayor obstáculo: el muro de uso común tenía dos rieles metálicos horizontales incrustados, presentaban orificios y en algunas secciones no alcanzaban a unirse a la pared; además, en la parte superior del muro había otros boquetes. A temperatura alta, el humo circuló hacia la guardería[2].

De acuerdo con testimonios recabados entre vecinos de lugar, cuando el incendio comenzó fue imposible sacar a los niños por la forma en que estaba construida la guardería. Minutos después la situación se salió de control: las 17 ambulancias que se dedicaban a llevar a los heridos quedaron rebasadas y los niños tuvieron que ser trasladados en carros y patrullas a los hospitales.

Para operar, los dueños de la estancia debieron haber cumplido con los diversos requisitos del documento Bases para la Subrogación de Servicios de Guardería del Esquema Vecinal, del IMSS. No los cubrían, pero el 8 de mayo de 2001 se les concedió un permiso por cinco años, y en 2007 otro, a vencer hasta finales de 2009. El 8 de julio de 2005 la Guardería ABC fue inspeccionada por José Verdugo Ibarra, un arquitecto independiente contratado por el IMSS. En su reporte estableció que, debido a una serie de irregularidades, el inmueble no cumplía con los requisitos para garantizar la seguridad de las personas en su interior[3].

Debido a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 49/2009, que incluyó los siguientes puntos[4]:

Recomendaciones al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social:

1. Gire sus instrucciones a efecto de que les brinde la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación de por vida a los menores que resultaron lesionados el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, S.C.
2. Se tomen las medidas administrativas correspondientes para iniciar o, en su caso, agotar los procedimientos administrativos conducentes, para verificar la manera en que están operando las guarderías subrogadas y determinar si resulta procedente la continuación del servicio de guarderías.

Recomendaciones al Gobernador Constitucional del Estado de Sonora:

1. Se dicten los lineamientos administrativos correspondientes a efecto de que todos los bienes inmuebles arrendados o propiedad de cualquier dependencia de la administración pública estatal sean sometidos a una revisión periódica.

Por otro lado, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante la sesión vespertina del 16 de junio de 2010, determinó que el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, resultaron vulneradas las siguientes garantías[5]:

1. Los derechos del niño y el principio del interés superior del niño.
2. El derecho a la protección de la vida.
3. El derecho a la integridad física
4. Derecho a la seguridad social.
5. Derecho a la salud.

En marzo de 2020 entró en vigor un decreto por el que se garantizó atención médica a las víctimas, tanto menores, padres, madres y maestras que resultaron lesionados por el incendio de la Guardería ABC, amparando a alrededor de 180 personas. La decisión del presidente mexicano implica la entrega de una pensión vitalicia para los menores afectados que “tengan una lesión incapacitante por quemaduras que les impida mantenerse por su propio trabajo”, e incluye a las madres de aquellos menores que perdieron la vida en el incendio[6]. También señaló el director del Seguro Social que las personas afectadas buscaban certeza jurídica y por ese motivo se decidió firmar el nuevo decreto con el fin de proteger los derechos humanos por parte del gobierno; es por ello que se garantizará atención médica a través del Instituto del Seguro Social a niños, padres, madres, maestros y adultos expuestos a gases tóxicos producto del incendio[7].

Por su parte, en la misma fecha Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, declaró que en 2011 presentó un proyecto para fincar responsabilidades a funcionarios del sector público, pero que fue sujeto de linchamiento mediático y presión del entonces presidente Felipe Calderón para detenerlo[8].

Como consecuencia de este terrible acontecimiento, la Secretaría de Gobernación, a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, convocó a distintas instituciones públicas para elaborar una norma oficial que culminó en la publicación de la NOM-009-SEGOB-2015, Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en Centros de Atención Infantil en la modalidad pública, privada y mixta, la cual cuenta con el objetivo de establecer las medidas de seguridad en materia de protección civil que se deben implementar en los inmuebles o instalaciones destinados a la operación y funcionamiento de los centros de atención infantil en la modalidad pública, privada y mixta, a fin de ratificar los criterios para normalizar su diseño y elaboración, con el propósito de eliminar prácticas discrecionales en su aplicación y para facilitar su comprensión[9].

El 26 de mayo de 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó de manera definitiva la responsabilidad por el delito de negligencia de 22 funcionarios locales y federales por la por la muerte de 49 infantes y por lesiones de otros 38 en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009.

Asimismo, los ministros que integran la Primera Sala ordenaron a un Tribunal Unitario en Materia Penal con sede en Hermosillo, Sonora, volver a revisar el caso para imponer nuevas penas a los exfuncionarios y particulares que habían sido condenados a penas de cárcel