“Las acciones salvajes de represión de todos
“los gobiernos denotan su fragilidad y cobardía.”
Norma Mesino
Defensora de los derechos de las comunidades
campesinas en Guerrero

 

La mañana del 28 de junio de 1995, algunos miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigieron a Coyuca de Benítez con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Los campesinos iban en dos camiones de carga: el primero fue detenido en “El Vado” por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los hicieron descender y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo, a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos.[1] Estaban a tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas.

En esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados; catorce heridos. Dos elementos policiacos también resultaron lesionados, con heridas corto-contundentes producidas por arma blanca .[2]

La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió el INFORME Nº 49/97 con fecha del 18 de febrero de 1998. En él donde indica que, el 24 de enero de 1996, la Comisión solicitó a los Estados Unidos Mexicanos tomar las medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad física de todos los testigos de la Masacre de Aguas Blancas, en particularmente de la Sra. Virgilia Galeana García y los familiares de las víctimas .[3]

También sostienen que, pese al nombramiento de un Fiscal Especial para el caso, la investigación mantenía irregularidades. El 25 de febrero de 1996 se había difundido, en un programa de televisión, la videograbación no editada de la operación en Aguas Blancas, probándose plenamente la naturaleza dolosa de la operación, con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición .[4]

Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de su recomendación 104/95, acreditó que el 28 de junio de 1995 se violaron los Derechos Humanos de 17 personas pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quienes resultaron muertas (cuando menos una en maniobras de ejecución sumaria) de manera intencional por la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada[5]

De igual forma recomendó disponer lo necesario a fin de llevar a cabo una adecuada reestructuración de los cuerpos policíacos y de seguridad pública del Estado, con objeto de ajustarlos estrictamente a lo dispuesto en la Constitución General de la República para el cumplimiento eficaz de su labor de perseguir delitos y dar seguridad a los gobernados y sus bienes .[6]

Los derechos vulnerados, así como la obligación de respetar los derechos por parte del Estado mexicano, establecida en el artículo 1.1., conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), de la cual México es parte desde el 3 de abril de 1982, son los siguientes :[7]

  1. Derecho a la Vida; artículo 4º.
  2. Derecho a la Integridad Personal; artículo 5º.
  3. Derecho a las Garantías Judiciales; artículo 8º y
  4. Derecho a la Protección Judicial artículo 25º

A la fecha, sólo están detenidos por este crimen algunos policías y mandos medios. La justicia no ha alcanzado a quienes dieron las ordenes desde el gobierno, porque el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, es compadre de quien fuera presidente de la República, Ernesto Zedillo: se presume que lo encubrió .[8]