Matanza de Tlatelolco, violación de derechos humanos.

El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde más de 300 personas fueron acribilladas. Esta fue la culminación de varios delitos que podrían considerarse de lesa humanidad, los cuales fueron perpetrados por el gobierno de México en contra del movimiento social estudiantil.

El año de 1968 se caracterizó por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales, así como por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por el acto de genocidio.

La masacre del 2 de octubre fue cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. Inicialmente, la presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), quien encubrió a ese grupo con el argumento de que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos[1]. Sin embargo, actualmente se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones y testimonios: aquel día, el ejército y el Batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la “Operación Galeana” con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga (CNH)[2], órgano creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle (México), Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República. Los intentos de someter al CNH derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses había resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, además de reclamar más democracia.

El movimiento estudiantil de 1968 fue también de carácter social. A la participación de estudiantes universitarios, de preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior del país. Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal, pues por primera vez en la historia una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época es recordada como La Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968[3].

Aquel día, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de una disputa. Los miembros del Batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo era infiltrarse en la manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas.

Mientras tanto, los estudiantes expusieron seis demandas, las cuales eran una respuesta a los eventos violatorios de los derechos humanos cometidos por elementos de la policía y de las fuerzas armadas. Las demandas se hicieron particularmente como réplica a la ocupación militar y policial de planteles escolares con la justificación de que se encontraban en la riña alumnos de la Escuela Vocacional 5 y la Escuela Preparatoria particular Isaac Ochoterena, el 23 de julio de 1968. Las demandas que se consensuaron y expusieron ese 2 de octubre fueron las siguientes[4]:

1. Libertad de todos los presos políticos.
2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal.
3. Desaparición del cuerpo de granaderos.
4. Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías.
5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto.
6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.

Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre los estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros entre otros. En medio del caos, la población civil reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua para protegerse. Algunos manifestantes lograron escapar del tiroteo y se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército. Sin ninguna orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos[5].

El número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30 decesos. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves; no obstante, se calculó que el número de detenidos en el Campo Militar Número Uno llegó a 2,000 mil. Con el paso de los años y gracias a diversos testimonios, la apertura de archivos y expedientes sobre aquel movimiento se conocieron otras cifras. En 2006, el reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado mencionó que no es posible dar un número exacto, aunque en el informe consignó alrededor de 350 muertos[6].

Por su parte, el 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió al entonces presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada (2000-2006), la Recomendación 26/2001, a efecto de que su Gobierno asumiera el compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional en el marco del respeto a los Derechos Humanos, el cual reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano, así como evitará por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos desde fines de la década de 1960 hasta principios de la de 1980 se puedan repetir. De igual forma recomendó que en los casos en donde se acreditó la desaparición forzada, en atención al lugar en donde pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño mediante servicios médicos, de vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada[7].

Con la consumación de esa terrible matanza, el Estado Mexicano realizó graves violaciones a los derechos humanos de la población, como los siguientes:

• Derecho a la vida
• Derecho de libre expresión
• Derecho a la seguridad jurídica
• Derecho a la libertad
• Derecho a la legalidad
• Derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias
• Derecho a la integridad personal
• Derecho a la protección contra la detención arbitraria

En 2018, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, precisó que la CEAV se había reunido con víctimas de la masacre del 68 y exdirigentes estudiantiles en búsqueda de la reparación del daño y una disculpa pública por parte del Gobierno Federal. Asimismo, recomendó al Estado mexicano lo siguiente:

• Reconocimiento de que las acciones del gobierno —entonces encabezado por Gustavo Díaz Ordaz— tuvieron impacto y daños en el acto individual y colectivo al señalar a los estudiantes por su ideología.
• Implementación de medidas de satisfacción de carácter colectivo mediante la Colección M:68 —recopilación de decenas de documentos que dan cuenta de los movimientos sociales de la década de los 60—, con lo que se busca permitir la reconstrucción de los hechos.
• El pleno reconocimiento de que las medidas de satisfacción colectiva no condicionan ni extinguen el derecho de las víctimas a tener acceso a la reparación total del daño.[8]

La frase “¡2 de octubre no se olvida!” es un grito en contra de la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva. Así, lejos de perder vigencia al repetirse año tras año, se ha convertido en un gran símbolo del impacto ejemplar que tuvo en México el movimiento estudiantil de 1968 por lo que cada 2 de octubre, por las calles se escuchan las voces juveniles de representantes de todas las escuelas, instituciones, universidades, normales, organizaciones y movimientos de la sociedad civil, quienes se dan cita en Tlatelolco para ir marchando y corriendo por la capital del país exigiendo sus derechos a la libre expresión, a la educación, entre otras demandas y derechos, con el grito unísono: “¡2 de octubre no se olvida! ¡Es de lucha combativa!”.