“A 48 años de la matanza estudiantil del Jueves de
Corpus de 1971 no podemos callar el hecho de que
ese infame halconazo, donde cayeron asesinados
varios jóvenes, fue una siniestra represión y la
continuación de un acto genocida que comenzó con la
matanza de Tlatelolco y se extendió a lo largo de lo que
se conoce como la Guerra Sucia.”
Rosaura Ruiz Gutiérrez
Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México

 

El 10 de junio de 1971, justo cuando se celebraba el Jueves de Corpus, estudiantes de, principalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) salieron a las calles en apoyo a la huelga de la Universidad de Nuevo León (UANL), reuniéndose en los alrededores de la estación del metro Normal para marchar hacia el Zócalo capitalino .[1]

A finales de la década de 1960, en la UANL profesores como estudiantes presentaron una ley orgánica donde se proponía un gobierno paritario. Gracias a ésta llegó a la rectoría Héctor Ulises Leal Flores en 1971. En total desacuerdo, el gobierno redujo los presupuestos y obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley donde se suprimía la autonomía de la universidad. Por ello, los estudiantes salieron a las calles a manifestar su descontento y, quienes integraban el comité estudiantil, pidieron a las demás universidades del país su apoyo. Tanto la UNAM como el IPN respondieron, decidieron unirse y realizar una manifestación masiva el 10 de junio de 1971 .[2]

La marcha iniciaría en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás, para después tomar la calle de Carpio y salir hacia la Calzada México-Tacuba. Sin embargo, cuando el contingente avanzaba por Avenida de los Maestros, los llamados halcones abrieron fuego contra los estudiantes desde las alturas. Por ello, esta matanza se conoce como “Halconazo” .[3]

“Los halcones” eran los miembros de un grupo paramilitar, jóvenes reclutados en barrios marginados y violentos de la capital mexicana que habían sido entrenados por militares de los gobiernos de México y los Estados Unidos a finales de esa década . [4]Con balas calibre 45 y carabinas 30 M-2 abatieron a jóvenes manifestantes, quienes corrieron para poder salvar sus vidas. No obstante, la persecución acabó después de horas; hombres armados intimidaron en las salas de urgencia de los hospitales a médicos y enfermeras: no debían atender a los marchistas heridos. El objetivo no era disolver la manifestación… era matar. [5]

Desafortunadamente, a casi cincuenta de la brutal agresión el evento no ha sido condenado. Luis Echeverría Álvarez fue jurídicamente exonerado de toda culpa en 2009, por falta de evidencia tangible, y aún se desconoce el número real de personas muertas, desaparecidas o heridas. La cifra oficial señaló ciento veinte fallecidos y cientos de heridos, entre ellos estudiantes, civiles y prensa nacional e internacional .[6]

Así, podemos hacer mención de algunos de los derechos vulnerados ese 10 de junio de 1971:

  1. Derecho a la vida;
  2. Derecho a la integridad personal;
  3. Derecho a la libertad de reunión;
  4. Derecho a la libertad de expresión; y
  5. Derecho a la protesta social pacífica.