“Esta paridad electoral llevará a que las mujeres
tengan mayor poder de decisión en los partidos
políticos, a que se tomen decisiones más
compartidas en cuestiones vinculadas con toda la
población. La paridad de candidaturas ayudará
a eliminar la exclusión estructural de las mujeres
en la sociedad.”
Ana Güezmes
Representante en México de ONU Mujeres
2014

El 3 de julio de 1955, hace 65 años, en México las mujeres emitieron por primera vez su voto, hecho que implicaba uno de los mayores reconocimientos a sus derechos. En la ocasión se elegía a los diputados federales para la XLIII Legislatura[1].

Fue un gran acontecimiento, cuyos antecedentes mencionaremos a continuación. En el año de 1923, en México se celebró el Primer Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres. A él asistieron más de cien delegadas de todos los estados del país, entre quienes se encontraban las dirigentes feministas más importantes del momento: Luz Vera, Margarita Robles de Mendoza, Matilde Montoya, Columba Rivera y Julia Nava de Ruíz Sánchez, entre otras. Este encuentro resolvió enviar al Congreso de la Unión una petición de igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres. Así, para fines de aquella década la cuestión del sufragio femenino pasó a formar parte de la agenda de los partidos políticos[2].

En 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se lanzó la iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ella se solicitó por primera vez el derecho a la mujer de votar y obtener cargos de elección popular. Dicha iniciativa fue aprobada por ambas Cámaras, de Senadores y de Diputados, pero en la última fase del proceso legislativo no se hizo la declaratoria de Reforma Constitucional, como indica el artículo 135[3], y la cuestión quedó en el aire.

Años después, el 6 de abril de 1952, más de veinte mil mujeres se agruparon en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, exigiendo al entonces candidato presidencial Adolfo Ruíz Cortines que hiciera cumplir su gran promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas[4].

El 17 de octubre de 1953, Adolfo Ruíz Cortines ―ya presidente de la nación―, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto donde anunciaba la promulgación de las reformas constitucionales, otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular[5].

Sin embargo, y es importante destacarlo, a pesar de este gran avance pasaron años antes de que el sufragio femenino se viera realmente proyectado en la elección de mujeres candidatas para cargos federales. Las primeras sufragadas fueron Aurora Jiménez de Palacios (4 de julio de 1954, primera diputada federal en la historia de México, por Baja California); María Lavalle Urbina (por Campeche) y Alicia Arellano Tapia (por Sonora), primeras senadoras electas (4 de julio de 1964), y Griselda Álvarez[6] (Colima), primera gobernadora (1979).

Con el paso del tiempo se fueron creando diversas instituciones para brindar apoyo a las mujeres. Un ejemplo es el Instituto Nacional de las Mujeres, área prioritaria la para toma de decisiones. La participación femenina en la vida política del país ha contribuido a la consolidación de la democracia; su presencia en ámbitos de toma de decisiones, tanto públicos como privados, es condicionante del mejoramiento de los niveles de vida sociales y económicos, y en el proceso general del desarrollo de las a favor de la igualdad y la equidad de género: la reforma político-electoral en materia de Paridad entre Géneros (31 de enero de 2014). En ella se eleva a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales. En el artículo 41 constitucional, esta reforma establece lo siguiente: “Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal , libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales” [7]. En la actualidad, la presencia de la mujer en cargos de elección popular es una realidad incuestionable y firme en la cultura política de nuestro país.