Represión en Nochixtlán, Oaxaca. 19 de junio

El domingo 19 de junio de 2016, la comunidad de Asunción Nochixtlán puerta de la Mixteca oaxaqueña, fue atacada por centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal, lo cual violentó los derechos humanos de las víctimas.

Un grupo de aproximadamente cincuenta personas, maestros, padres de familia, niños, activistas y población civil que se les unió, participaron en un bloqueo de las vías federales autopista 135-D y carretera federal 190 que conectan a la Ciudad de México con Puebla y Oaxaca, en su cruce ubicado en Asunción.

En apoyo a los profesores se unieron a la petición de instalar una mesa de diálogo sobre la Reforma Educativa, impulsada desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, y por demandas sociales comunitarias[1].

Durante los años 2012 y 2013, el expresidente Peña Nieto promovió la llamada Reforma Educativa, la cual impulsaba el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, ante ello, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mostró desacuerdo señalando violación a sus derechos laborales, así como su ausencia en las decisiones sobre el contenido de la materia de trabajo, por lo que realizaron diversas acciones de resistencia.

En mayo de 2016 la CNTE había efectuado múltiples protestas en diversos estados de la República como Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Para el 12 de junio la policía aprehende a dos líderes de la Sección XXII de la CNTE Rubén Núñez Ginés, secretario general y a Francisco Villalobos Ricárdez, secretario de organización, lo cual provocó una serie de bloqueos carreteros en 37 zonas en Oaxaca, entre ellas la carretera que conecta Huajuapan de León con la ciudad de Oaxaca, donde se ubica el tramo de Nochixtlán. Es en este último lugar donde se presenta el conflicto más importante con el magisterio después del violento desalojo del que fueron objeto en el zócalo capitalino en 2003[2].

El domingo 19 de junio, día de mercado que convocaba a la población de Nochixtlán y de sus alrededores, -en el lugar del bloqueo- maestros y población civil se habían reunido no solo en apoyo al movimiento magisterial, sino también para pedir reformas sociales que generaran alternativas a la empobrecida región de la mixteca oaxaqueña y para su agraviada población.

La protesta se había convertido en un movimiento social. Sin previo aviso de persuasión fueron atacados por un contingente de fuerzas policiales: 400 policías federales, 400 estatales y 50 elementos de la Agencia de Estatal de Investigaciones, el cual tenía la misión de recuperar la libre circulación en las vías federales, como parte del “Operativo Oaxaca” ordenado por el entonces gobernador del estado Gabino Cué, y el cual había iniciado alrededor de las 5:20 de la mañana.

Los policías se apostaron en el puente y de inmediato comenzaron a lanzar bombas de gas lacrimógeno hacia el bloqueo. En medio del asombro, los maestros y padres se retiraron con rumbo a la entrada de Nochixtlán.

En menos de 15 minutos el bloqueo había quedado disuelto. La estrategia de los maestros previamente planeada en caso de desalojo era dirigirse al panteón ubicado en dirección al poblado y replegarse. Así, en caso de algún tipo de violencia, quemarían cuetes como señal de alarma, y al ser escuchados se repicarían las campanas de la iglesia de la comunidad para pedir auxilio.

Los manifestantes se escondieron en el panteón donde continuaban los ataques. La agresión duró cerca de nueve horas, los maestros, jóvenes, mujeres y niños se defendían con piedras y lo que tenían a la mano; en poblaciones cercanas, sus habitantes cerraron los caminos para que no pudieran llegar refuerzos policiacos, y también fueron violentados. Mientras tanto, en la refriega la población se acercaba para ayudar con agua, alimentos, y para auxiliar a los heridos; no cedieron ante los uniformados [3].

Fueron quemados varios vehículos; el ataque se prolongó hasta después de las 15 horas, los pobladores lograron hacer retroceder a los uniformados quienes se retiraron a la capital del estado. Mientras esto sucedía otro convoy de la Policía Federal pretendía avanzar por la autopista Oaxaca-México, a la altura de San Pablo Huitzo; sin embargo, habitantes de la ciudad de Oaxaca avisaron a los profesores, por lo que pobladores de Huitzo y San Francisco Telixtlahuaca levantaron una barricada en el lugar, y un nuevo enfrentamiento se produjo en este sitio[4].

El saldo de los enfrentamientos fue de 8 personas fallecidas, 103 lesionados, 46 afectados por la exposición a gases lacrimógenos (de las cuales 35 eran menores de edad), y algunos otros por diversas afectaciones en sus propiedades[5]

Al no encontrar respuestas por parte del estado para fincar responsabilidades y reparar el daño, las víctimas se organizaron para impulsar sus demandas de justicia en el “Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio de Nochixtlán”, colectivo que atiende la representación jurídica de algunas de las víctimas ante diversas instancias.

El 29 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad el Acuerdo por el que se crea la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, en el que se establece que sus actividades serán “la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos"[6].

En aquel plantón del 19 de junio se concentró la región Mixteca, civiles y maestros, y se extendió a la comunidad de Nochixtlán y a otras como San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, donde la violencia contra la población se caracterizó por el uso de la fuerza, por personas detenidas y heridas por armas de fuego, y por la comisión de ejecuciones arbitrarias.

Sus demandas no se limitaron a denunciar el ataque al bloqueo de la carretera, ni a la exigencia magisterial. Las exigencias por parte de las víctimas y sus familias siguen siendo vigentes: acceso a la verdad, impartición de justicia, reparación del daño y garantías de no repetición, y las formas de sancionar a los responsables.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas sentencias ha señalado que los estados deben “...ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se produzcan excesos…”[7].

El 19 de octubre de 2019 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo: “En el caso de Nochixtlán no se van a repetir actos de represión en ninguna circunstancia. Nosotros estamos aplicando una política distinta. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. El presidente nunca le va a dar la orden al ejército de reprimir al pueblo, no vamos a enfrentar a hermanos con hermanos”.

Y agregó: “a tres años (de la masacre) todavía se recuerda, hay víctimas. A todos ellos se les va a apoyar. Hay cosas que tardan y ustedes lo saben…La justicia tarda, pero llega cuando hay voluntad"[8].