“La PGR no ha atendido adecuadamente la línea de investigación sobre trasiego de drogas entre Iguala y Chicago, lo que parece ser un esfuerzo más por ocultar lo evidente: que este caso demuestra la existencia de una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano que ha permitido la comisión de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional”.

Amnistía Internacional
 

El día 3 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso (CVAJ) Ayotzinapa. Esta disposición fue publicada el 4 de diciembre e instruye a todas las dependencias a colaborar con la investigación, facultándolas, incluso, para realizar indagaciones y ordenar búsquedas en nuevos y posibles sitios donde podrían estar los normalistas, o sus restos. Además, en el decreto se invocan expresamente como fundamentos legales los artículos 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, 10, 11, 18 a 25, de la Ley General de Víctimas; 8 y 112, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública[1].

La CVAJ fue creada a consecuencia de los trágicos y criminales sucesos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, cuando se cometió una serie de ataques contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones, y población civil que acudió a ayudarlos. Todo comenzó cuando el mencionado grupo de normalistas acudió a Iguala, Guerrero, con la finalidad de “tomar” autobuses para poder participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, acción anual para no olvidar la represión contra estudiantes en 1968. Los policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los jóvenes de Ayotzinapa para impedirles salir de la ciudad: gracias al apoyo de otras corporaciones y civiles, consiguieron cerrar el paso a cinco transportes. Detuvieron a 43 normalistas, a quienes desaparecerían. Esa misma noche continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, no sólo por parte de agentes estatales sino también por la de algunos individuos que, como después se demostró, eran parte estructural de la organización criminal Guerreros Unidos, fuertemente vinculada al narcotráfico y a las instancias estatales[2].

Así, a raíz de esta lamentable tragedia surgió la creación de la CVAJ-Ayotzinapa, cuya responsabilidad estriba en lograr crear las condiciones materiales, jurídicas y humanas por parte del Gobierno Federal para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad y el paradero de los estudiantes desaparecidos. Representa, por naturaleza, un mecanismo extraordinario surgido en un entorno de transición política. Se espera que su desempeño y resultados brinden un nuevo modelo de intervención gubernamental en coordinación con las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. La comisión está conformada, por el lado gubernamental, con representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público; del lado de las víctimas están presentes las madres y/o padres de los jóvenes desaparecidos y, como acompañante, una comisión de representantes de las organizaciones civiles. La presencia de los familiares como parte activa de la CVAJ-Ayotzinapa supone un nuevo modelo de participación de las y los perjudicados, pues genera un nuevo esquema de información. Su relevancia está en la transformación de la relación entre el Estado y las víctimas[3].

Dentro de la CVAJ hay, además, una Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), cuyas funciones y tareas pueden dividirse en los siguientes rubros:

  1. Interlocución política de alto nivel con los titulares de entidades y dependencias que pueden colaborar al pleno esclarecimiento del caso.
  2. Diseño e implementación de una política de incentivos para personas físicas que detenten información sobre el caso, incluyendo a personas actualmente privadas de la libertad (posibles colaboradores eficaces).
  3. Impulso a la profundización de la asistencia técnica internacional para el caso: La CoVAJ-Ayotzinapa colaborará con la Cancillería para que la asistencia se brinde sin obstáculos y se profundice.
  4. Fortalecimiento de la asistencia victimal[4].

Sobre el tema, la actual administración ha destacado que si bien la CoVAJ-Ayotzinapa es un mecanismo para un caso específico, tiene un inmenso potencial de impacto colectivo: según sea el avance de este esfuerzo y el alcance de resultados, podrá convertirse en modelo a seguir para otras investigaciones y casos.


[1] https://www.gob.mx/segob/articulos/comision-para-verdad-y-acceso-a-la-justicia-en-el-caso-ayotzinapa?idiom=es
[2] http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/work/models/Comision_para_la_Verdad/Documentos/pdf/Informe%201semestre.pdf
[3] http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/work/models/Comision_para_la_Verdad/Documentos/COMISION_AYOTZINAPA.pdf
[4] https://www.gob.mx/segob/articulos/comision-para-verdad-y-acceso-a-la-justicia-en-el-caso-ayotzinapa?idiom=es

Área Responsable