El día 2 de septiembre la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, atendió una petición de audiencia de 18 personas víctimas de diversas violaciones a derechos humanos, que permanecen en plantón en las instalaciones de la CEAV. Se dialogó ampliamente con cada una de ellas, y a ese diálogo se sumó la directora general de la CEAV, quien personalmente se presentó en las instalaciones de Cuba 60, y el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas, quien recibió a una de las víctimas la mañana siguiente y programó audiencia con el resto, de manera que se trazó una ruta para atender sus peticiones.
Tras haber escuchado y acompañado a las tres víctimas, procedentes del estado de San Luis Potosí, que acudieron a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Cuba 60, este organismo autónomo hace un llamado a todas y cada una de las autoridades involucradas, a efecto de que realicen de manera inmediata, las acciones procedentes, para que se atiendan y se resuelvan cada una de las presuntas violaciones a sus derechos humanos.
El día de ayer, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, sostuvo un encuentro con víctimas que -desde hace aproximadamente 6 meses- se mantienen en plantón en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). A pesar de ser todos asuntos que, en lo general, competen a la propia CEAV y a autoridades locales, se ofreció la intervención de la CNDH en apoyo a sus demandas.
La CNDH coincide en que México requiere medidas de austeridad para poder afrontar esta crisis que el país y el mundo estamos pasando derivado de la presente pandemia por el COVID-19, y no sólo eso sino que ha sido y será solidaria con dichas medidas; sin embargo, es indispensable señalar que existen instituciones del Gobierno Federal que no pueden dejar de asumir a cabalidad su papel, como es el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo clave para el correcto funcionamiento de atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito.
La Comisión de los Derechos Humanos hizo un extrañamiento al C. Michael Chamberlin, ante el hecho de que a partir del 19 de enero se incorporó al servicio público como Director General de Vinculación de la CEAV, y este Organismo Nacional no ha recibido ninguna comunicación al respecto ni fue informado el resto de los Consejeros y Consejeras en la reciente sesión del Consejo Consultivo. La CNDH subrayó que lo más grave de esta falta de información consiste en poner en riesgo el debido funcionamiento del Consejo al ser posible juez y parte en los casos de denuncia de violación de derechos humanos en esta Comisión.
Ante la omisión de diversas autoridades del orden federal, estatal y municipal, de cumplir con su obligación de reparar el daño a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, reconocidas e identificadas en las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Presidenta de este Organismo Nacional, María del Rosario Piedra Ibarra, les exhortó a realizar las acciones necesarias para llevar a cabo este resarcimiento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que el contexto económico, social y cultural en el estado de Guerrero ha sido determinante para la proliferación de la delincuencia y los delitos de alto impacto, ya que su ubicación geográfica, conjugada con la omisión y el incumplimiento de los derechos humanos a la salud, trabajo, educación y seguridad pública, entre otros, lo convierte en zona estratégica para el cultivo, distribución y trasiego de enervantes, lo cual ha generado enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, dejando a su paso un considerable saldo de víctimas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 86/2019, a la Directora General de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ana Pamela Romero Guerra, por acciones y omisiones del personal de esa institución que transgredieron los derechos humanos a la seguridad jurídica de tres víctimas del delito de trata de personas dos mujeres y el hijo de una de ellas, a la integridad personal de una de las víctimas y al interés superior del niño.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica en agravio de V1, V2 y V3, a la integridad personal de V2 y al interés superior de la niñez de V3.
