El Estado mexicano tiene una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones forzadas y con sus familiares, tanto en aquellos casos cometidos por agentes estatales como en los que son responsabilidad de particulares, por lo cual es urgente que autoridades y sociedad actúen conjuntamente para saldar esa deuda, señaló la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
La CNDH exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar el procedimiento de retiro de la reserva al artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctimas de violaciones de las disposiciones de la Convención por parte del Estado mexicano.
