Programa de Sexualidad, Salud y VIH

VIH y sida en México

Desde 1981 en el mundo y 1983 en México, la pandemia del VIH, constituye el reto de salud pública más importante en el cambio de siglo XX al siglo XXI. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, sistematizados a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA), en el Registro Nacional de Casos de sida del año 1983 al 31 de diciembre de 2018, se han notificado 164,074 casos, de los cuales 81,771 corresponden a casos de VIH y 82,303 a casos de sida que se encuentran vivos según su estado de evolución registrado.

Asimismo, CENSIDA en su Boletín Día Mundial del sida México 2018, informa que “para 2017 hubo una prevalencia de VIH en la población de 15-49 años del 0.3 por ciento, lo que significa que 3 de cada mil personas vive con VIH en ese grupo de edad, con lo cual hasta el momento se ha cumplido con la meta establecida para el periodo 2013-2018, que es mantener la prevalencia en adultos menor a 0.4 por ciento (PAE respuesta al VIH, sida e ITS 2013-2018).”

De acuerdo con la tipología del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y el sida (ONUSIDA), México tiene una epidemia concentrada, en la que existen poblaciones que son clave en la respuesta a la epidemia. Las prevalencias de VIH en estas poblaciones clave son: hombres que tienen sexo con hombres (17.3%), personas que se inyectan de drogas (5.8%), mujeres trabajadoras sexuales (0.7%) y hombres trabajadores sexuales (24.1%), así como mujeres trans (15-20%).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha reconocido al VIH como una realidad que reclama la atención decidida de políticas públicas de salud, pero también como un reto en materia de derechos humanos. Como es bien sabido, la protección de la salud y la no discriminación son derechos humanos, las personas con VIH deben gozar en igualdad de circunstancias tales derechos, así como todos aquellos previstos en nuestro orden jurídico actual, de tal manera que, la respuesta al sida por parte de la sociedad en su conjunto, sólo será exitosa si se colocan los derechos humanos en el corazón de la misma.

Vivir con VIH, además de aspectos físicos, tiene un aspecto social relacionado con la desigualdad, la discriminación, el estigma y la marginación que, por tanto, además de intervención desde el ámbito de la salud pública, requiere de una respuesta con enfoque de derechos humanos.

Este Programa fue creado con la finalidad de combatir las prácticas discriminatorias y otras formas de violaciones a los derechos humanos hacia las personas con el VIH en nuestro país. La condición de salud de las personas no tiene que ser motivo de estigma y el derecho a la protección de la salud y a la no discriminación son derechos indispensables para que las personas puedan vivir y desarrollar sus capacidades humanas, por ello, este programa tiene como encomienda el contribuir a la consolidación de una cultura del respeto a sus derechos humanos.

Diversidad sexual y derechos humanos en México

Históricamente se ha observado que una serie de estigmas y actos discriminatorios de naturaleza estructural cometidos en agravio de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales (LGBTTTI) condicionan el acceso efectivo a sus derechos; por tal motivo, este Programa Especial, realiza también actividades con el fin de procurar la promoción y difusión de los mismos apelando a la protección que encuentra garantizada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte y otras normas secundarias en torno a la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a los servicios de salud, educación, y empleo, con el propósito de impactar en la consecución del acceso igualitario de las personas LGBTTTI a los derechos reconocidos formalmente para todas las personas.

En el ámbito internacional, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, ha establecido en criterios internacionales de derechos humanos que la orientación sexual y la identidad o expresión de género son motivos de discriminación prohibidos. Una de las resoluciones de mayor relevancia fue la del 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud aprobó la décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, en la que se reconoció que la orientación sexual no es un trastorno.

Asimismo, el 18 de junio de 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) sacó de la Clasificación Internacional de Enfermedades 11 (CIE 11) la “incongruencia de género”, dicho en otras palabras, la transexualidad quedó fuera de la clasificación de las enfermedades mentales y ya no es considerada como un trastorno psicológico.

En 2018, por su parte, la Federación Iberoamericana del Ombudsman elaboró en colaboración con diversas instituciones de Latinoamérica, incluida esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas emitida en 2008 y el proyecto de “Modelo de Lineamientos para la Atención Especializada dirigida a la población sexualmente diversa por parte de las Instituciones de Derechos Humanos”.

Debido a la diferencia con la que se implementa el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTTTI en las distintas entidades federativas, el avance en su armonización sigue siendo actualmente una tarea pendiente en México, considerando el hecho de que de los 32 Estados, 30 consideran en sus constituciones estatales cláusulas antidiscriminatorias (no las tienen Aguascalientes ni Tamaulipas); no obstante, Baja California, Guerrero y Tabasco no se refieren expresamente a la orientación sexual, ni a la identidad y expresión de género como materia de la prohibición de discriminación. En la mayoría de las constituciones se hace referencia expresa a la prohibición de discriminación por “preferencia sexual”; mientras que en la Ciudad de México destaca la redacción de su Constitución porque contempla los términos “orientación sexual, identidad de género, y expresión de género”. Además, a las personas LGBTTTI se les asocia muchas veces de manera automática con el VIH, a partir de prejuicios y por lo tanto de manera errónea. Esto ocurre principalmente con las personas Gay, los Hombres Bisexuales y las Mujeres Trans; poblaciones que, dicho sea de paso, tienen sus propias problemáticas relacionadas con la vulneración y el reconocimiento pleno de sus derechos humanos, tales como la discriminación por preferencia sexual, identidad de género y expresión de género; dificultades para el reconocimiento de su identidad, para el acceso al matrimonio igualitario en algunas entidades federativas y a la adopción, por mencionar algunas.

Sexualidad Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

Otro de los temas que es un asunto de derechos humanos en México es el relativo a los desafíos en la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Según la Asociación Mundial para la Salud Sexual, estos “son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales, deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos”, es decir que, los derechos sexuales, se refieren al ejercicio de la sexualidad como parte del nivel más elevado de salud a la que toda persona tiene derecho.

Por otro lado, de acuerdo con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, Egipto, los derechos reproductivos se refieren a “derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.”

La complejidad inherente a la estructura social del país actualmente sigue determinando por mucho que el acceso efectivo; en gran medida las brechas en la difusión del conocimiento objetivo y normativo al respecto constituyen el común denominador en la situación que prevalece hoy día. En este sentido, los obstáculos para garantizar los derechos mencionados se caracterizan por la falta de este tipo de información y son de naturaleza distinta: desafíos normativos, desafíos institucionales, desafíos económicos, o bien sociales y culturales.

A nivel Internacional, México es signatario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante los cuales se busca garantizar para 2030 el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar y anticoncepción, información y educación, y la reducción de la mortalidad materna.

Por todo lo anterior, este Programa Especial realiza acciones de promoción y vinculación encaminadas a la observancia de tales derechos considerando la construcción de una sociedad democrática y plural. Para ello es necesaria la difusión del conocimiento sobre distintos marcos normativos y jurisprudencia en la materia; de igual forma la difusión del derecho a la información científica, y por lo tanto objetiva, en asuntos relativos a la sexualidad y a la reproducción, por ejemplo, sobre los distintos métodos anticonceptivos y de protección, así como el conocimiento de los riesgos reproductivos, la reproducción asistida y la planificación familiar en un contexto libre de discriminación, coacción o violencia.

Considerando los apartados anteriormente expuestos, el Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH tiene como objetivos los siguientes:

  • Asesorar y orientar de manera personalizada y atención inmediata a inquietudes relacionadas con el VIH o el sida y la diversidad sexual.
  • Sensibilizar y capacitar a servidoras y servidores públicos, personas que viven con VIH, personas de la comunidad LGBTTTI y público en general, con el objeto de promover una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos y contribuir a la disminución del número de violaciones a los mismos relacionadas con la sexualidad, el VIH y la diversidad sexual.
  • Realizar actividades de vinculación y trabajo conjunto con distintas instituciones y organizaciones no gubernamentales para promover los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de las personas LGBTTTI.
  • Elaborar, actualizar y distribuir materiales de difusión sobre los derechos de las personas que viven con VIH y de la diversidad sexual.

Estos objetivos se desarrollan mediante las siguientes acciones:

  1. Atender y trabajar con las organizaciones civiles promotoras de los derechos humanos en materia de VIH y Diversidad sexual y con los organismos públicos encargados de la materia.
  2. Participar en la difusión de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de las personas LGBTTTI mediante distintos materiales como cartillas, carteles y otros.
  3. Colaborar en las actividades de capacitación para los servidores públicos que proveen distintos servicios a las personas que viven con VIH y a las personas de la Diversidad sexual.
  4. Realizar actividades de análisis y debate en torno al tema, a través de conferencias y foros académicos, de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil.
  5. Realizar estudios en materia de derechos humanos que permitan la elaboración de propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con VIH y de las personas LGBTTTTI.
  6. Dar seguimiento y atención a nivel de programa preventivo y de difusión, a quejosos y organizaciones no gubernamentales.
  7. Desarrollar actividades para lograr el enlace y la colaboración con organismos e instituciones para difundir los derechos humanos de las personas con VIH y de la Diversidad sexual, conforme a la metodología y estrategias establecidas para tal efecto.
  8. Desarrollar y aplicar programas tanto de educación, como de capacitación para la prevención.