Creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)

En el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 1981 se publicó el decreto presidencial de la creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). La medida decretada por José López Portillo fue la respuesta ante un inmenso problema nacional: la existencia de un gran número de mexicanos de 15 años y más que carecía de educación básica, o sea, de estudios de primaria y secundaria. El INEA es una organización pública descentralizada de la administración pública federal, coordinada por la Secretaría de Educación Pública. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio[1].

Así, desde el principio el INEA centró su atención en la educación de los jóvenes mayores de 15 años y de los adultos que no hayan concluido la educación básica, con especial atención a los adultos mayores. Su misión es ser la institución pública que promueve, desarrolla y brinda servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria y, de igual forma, facilita la formación para el trabajo. Gracias a ella, jóvenes y adultos pueden incrementar sus capacidades, elevar su calidad de vida y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa[2].

La educación es un tema que acompaña a la humanidad y su historia, y México no es la excepción. Las escuelas y sistemas educativos pertenecen a nuestro territorio desde la época prehispánica, y han ido modificándose a través de los siglos de la mano de las autoridades y sus principios y visiones. Sin embargo, durante años se exentó de ella a gran parte de la población, marcando una diferenciación social muy peculiar entre quienes sabían leer y escribir, como mínimo, y quienes no. La revolución intentó reivindicarla para todos en el artículo 3 de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, pero en la práctica no funcionó como se esperaba.

Entre las décadas de 1940 y 1980, el crecimiento demográfico, la dispersión en pequeñas comunidades, tanto urbanas como rurales, la miseria, la inestabilidad en el empleo, la migración o discapacidad, y el hablar una lengua distinta a la oficial, el español, alejó aún más las posibilidades de formarse dentro del sistema educativo nacional[3]. Fue ese rezago el propulsor de un mecanismo para alfabetizar y educar en los contenidos de los planes de estudio en el país a quienes por una u otra cuestión no habían podido hacerlo, o aún no podían.

Así, en 1975, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se estableció la Ley Nacional de Educación de Adultos, antecedente normativo del INEA. En cumplimiento de sus atribuciones, éste propone y desarrolla modelos educativos, realiza investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye materiales didácticos, aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, y acredita y certifica la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no hayan cursado o concluido dichos estudios en los términos del artículo 43 de la Ley General de Educación[4].

Así, dando cumplimiento al derecho constitucional a la educación, con carácter incluyente el INEA imparte alfabetización, educación primaria y secundaria y capacitación a personas mayores de 15 años a través de los contenidos educativos del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y el Modelo Indígena Bilingüe, así como el Programa de Certificación Especial (PEC), con el apoyo de más de 80 mil figuras solidarias[5]. El primero es su modelo educativo básico, y es aplicado desde 2005. Su fundamento es vincular las opciones temáticas y metodológicas a los intereses de los estudiantes. Conforme a esto, tiene diferentes modalidades adaptables a cada población, entre las que se incluye la educación en línea. Además, cuenta con más de veinte mil volúmenes para consulta en su Centro de Documentación “Paulo Freire”. Por sus logros, el INEA ha sido reconocido en múltiples ocasiones a nivel nacional e internacional. En la actualidad ha establecido convenios con algunas organizaciones para educar a sus miembros, como sucede con la Confederación Nacional Campesina, y mantiene abierta la educación permanente a través de su sitio web[6].

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que la educación es un derecho humano fundamental para todo el mundo y este derecho se detalla en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.

[1] http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D01.pdf
[2] https://www.gob.mx/inea/que-hacemos
[3] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4831681&fecha=31/12/1975
[4] http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D01.pdf
[5] https://www.gob.mx/inea/prensa/el-derecho-a-la-educacion-es-primordial-para-el-ejercicio-de-los-derechos-humanos-inea
[6] https://www.gob.mx/inea/