Día Internacional del Migrante

La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó, en su resolución A/RES/55/93, el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante para promover el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas que se trasladan a otros países por diferentes circunstancias en búsqueda de todo tipo de oportunidades[1]

La migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. Según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CLCD), 25 millones de personas nacidas en países latinoamericanos y caribeños residen fuera de sus países de origen. EUA ha sido el principal país receptor de inmigrantes, para la década de los noventa fue un aproximado de 7 millones, con cifras del CLCD.

La principal causa de la migración internacional es la búsqueda de un trabajo bien remunerado en alguna nación con mejores condiciones económicas que la propia. La migración se ha intensificado a medida que aumentan las diferencias de ingresos entre los países. Además, es necesario mencionar que muchas economías avanzadas y dinámicas necesitan trabajadores migrantes para realizar trabajos específicos que los candidatos locales no están dispuestos a hacer. Esto evidencia el problema de la desigualdad estructural que provoca migraciones. Asimismo, el envejecimiento de la población también influye en los fenómenos migratorios, pues provoca un déficit de trabajadores en activo[2].

Durante el 14 y 15 de septiembre de 2006, la Asamblea General llevó a cabo el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, en el cual participaron 132 Estados Miembros. Dentro de esta acción se destacó a la migración internacional como un fenómeno creciente, señalando la posibilidad de llegar a ser una contribución positiva al desarrollo en los países de origen y de destino. Sin embargo, se insistió en que el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de todos los migrantes era fundamental, reconociéndose la importancia del fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de migración internacional a nivel bilateral, regional y global[3].

Durante días 14 y 15 de septiembre de 2006 la Asamblea General llevó a cabo el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, en el cual participaron 132 Estados Miembros. Dentro de esta acción se destacó a la migración internacional como un fenómeno creciente, señalando la posibilidad de llegar a ser una contribución positiva al desarrollo en los países de origen y de destino. Sin embargo, se insistió en que el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de todos los migrantes era fundamental, reconociéndose la importancia del fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de migración internacional a nivel bilateral, regional y global[4].

El 19 de septiembre de 2016, la Asamblea General aprobó un conjunto de medidas durante la histórica primera cumbre sobre los desplazamientos de migrantes y refugiados. Las obligaciones contraídas por los Estados Miembros se concretaron en la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, en la que se reafirma la importancia de la protección internacional con base en la responsabilidad de los Estados para asegurarla y mejorarla[5].

De igual forma, en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes se expresó la voluntad política de los dirigentes mundiales de salvar vidas, proteger derechos y compartir la responsabilidad a escala mundial. Entre sus audaces y progresistas planteamientos se incluye prevenir la violencia sexual y por razón de género, y responder ante ella; reforzar la contribución positiva de los migrantes al desarrollo económico y social de los países de acogida; asegurar que todos los niños migrantes estudien unos meses después de su llegada; además de prestar apoyo a los países que rescaten, reciban y acojan a un gran número de refugiados[6].

En México existe el Instituto Nacional de Migración (INM), un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal. A través de su Dirección de Protección al Migrante y Vinculación coordina a diversos grupos sobre la atención y defensa de las personas migrantes en el país. El objetivo es fortalecer la protección de los derechos y la seguridad por medio de una gestión migratoria que cuente con un marco legal adecuado y, sobre todo, el respeto a la dignidad humana.

Los programas principales son los siguientes: Grupos Beta de Protección al Migrante, que va dirigido a servidores y servidoras públicas, tienen como objetivo proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e información a los migrantes sobre sus derechos y se encuentran ubicados en zonas del país donde estratégicamente puedan desarrollar sus funciones. Por otro lado, encontramos Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), que brindan asistencia y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes durante el procedimiento administrativo migratorio; así como recibir a las y los menores de edad mexicanos que son repatriados de Estados Unidos[7].