Al destacar que durante el 2022 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) recabó 402 quejas por posibles actos de tortura, mientras que en lo que va del 2023 se han documentado 205 denuncias, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), maestra Rosario Piedra Ibarra, puntualizó la relevancia de identificar situaciones que vulneran los derechos humanos de víctimas directas e indirectas de tortura y la importancia del trabajo en el tema de las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar y registrar dichos actos.
La CNDH, de manera conjunta con diversas organizaciones de la sociedad civil, albergues y casas de migrantes en México, se pronuncian enérgicamente en contra de decisiones tendentes a militarizar el Instituto Nacional de Migración (INM), toda vez que, a la fecha, se advierte que en 18 entidades federativas han sido nombradas personas con perfil militar para conducir las representaciones u oficinas de ese Instituto en los estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chiapas y Yucatán.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refrenda su compromiso de apoyar y acompañar a los familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil en su demanda de justicia; considera que es fundamental su participación en las investigaciones y actividades de localización, al tiempo que demanda a las autoridades evitar su revictimización, así como brindarles un trato digno y respetuoso.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó ante el reconocimiento oficial de que fue un operativo fallido, mal planeado y ejecutado, el que se realizó en Culiacán, Sinaloa el pasado 17 de octubre, se requiere una investigación objetiva e imparcial que, sin partir de premisas preestablecidas, entrara al conocimiento de los hechos y a la búsqueda de la verdad sin asignar culpas o eximir de responsabilidad en forma anticipada, ya que en este caso es importante conocer que paso y prevenir con base en ello que situaciones similares se repitan.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su preocupación por la reiterada violación a los derechos fundamentales de 5.9 millones de personas que integran la población agrícola de nuestro país, ante lo cual subrayó la necesidad de empoderar a organizaciones civiles y personas defensoras al proporcionarles herramientas para que influyan de manera positiva en la protección y promoción de esas prerrogativas, así como en la importante tarea de visibilizar sus violaciones, para que las autoridades cumplan sus obligaciones constitucionales y las personas trabajadoras del campo tengan una vida digna.
