La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 30/2023 al director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Ernesto Prieto Ortega; así como a las personas titulares de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle García, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, por el incumplimiento de un laudo laboral emitido en favor de tres personas extrabajadoras de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 264/2022 al director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Ernesto Priego Ortega; a la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Norma Rocío Nahle García, y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, por la inejecución de un laudo firme de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo cual constituye violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles a personas servidoras públicas de las tres dependencias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 263/2022 al titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Ernesto Prieto Ortega, a la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Norma Rocío Nahle García, y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, por violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles personas servidoras públicas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, hoy INDEP, a la SHCP y a la SENER en agravio de una víctima por inejecución de un laudo firme de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA).
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad, y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes hoy Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Energía en agravio de QV, por la inejecución de un laudo firme de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad, y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes hoy Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Energía en agravio de QV, por la inejecución de un laudo firme de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad, y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes hoy Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Energía en agravio de QV, por la inejecución de un laudo firme de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles al servicio de administración y enajenación de bienes de la secretaría de hacienda y crédito público, hoy instituto para devolver al pueblo lo robado, en agravio de QV, por la inejecución de un laudo firme de la junta federal de conciliación y arbitraje.
La CNDH y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración para desarrollar estrategias que permitan identificar, prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con la comisión de posibles violaciones a los derechos humanos / La CNDH dirige la Recomendación 3/2020 a SEMARNAT, CONAGUA, Gobierno de Chiapas y diversos municipios, por la contaminación del río Suchiapa, por la inadecuada prestación de servicios públicos y la falta de vigilancia ambiental.
Ante la determinación tomada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el sentido de no citar a comparecer ante dicha Soberanía a las y los titulares de las Secretarías de Bienestar, de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, servidores públicos que se negaron a aceptar y a dar cumplimiento a la Recomendación 29/2019, relativa a la cancelación del programa de estancias infantiles, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su más profunda preocupación por la determinación tomada y lamenta que, dejando de lado argumentos y razones sustantivas, así como la necesaria e irrenunciable defensa de los derechos humanos de las niñas y niños, al igual que de las madres y padres trabajadores, el voto de los grupos parlamentarios mayoritarios haya hecho nugatoria la aplicación efectiva del segundo párrafo, del apartado B, del artículo 102 Constitucional, imposibilitando el ejercicio de un recurso jurídico establecido en favor de las víctimas ante la negativa de las autoridades a resarcir y respetar los derechos que les han sido violentados.
