Por la violación a los derechos humanos de 171 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, pertenecientes a las comunidades Filo de Caballos y Los Morros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 171/2023 al Gobierno del Estado de Guerrero y a las presidencias municipales de los ayuntamientos de Leonardo Bravo y Zitlala, respectivamente, en la cual les solicita brindarles atención integral para satisfacer sus necesidades de seguridad, salud, educación y empleo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 157/2023 a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE Chiapas) y al Gobierno Constitucional de esa entidad, tras comprobar omisiones y falta de diligencia en el desempeño de al menos cuatro personas servidoras públicas que forman parte del personal de la FGE y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado (SSPC-Chiapas), quienes propiciaron la violación de derechos humanos de cinco personas que se vieron obligadas a abandonar su comunidad, debido a la persecución y hostigamiento provocados por pobladores, autoridades comunitarias y personas civiles armadas en la comunidad de Nueva Palestina, perteneciente al municipio de Ocosingo.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación, al trabajo, así como a la personalidad jurídica y acceso a la documentación, derivado de la falta de implementación de medidas adecuadas y oportunas para atender el desplazamiento interno forzado que sufrieron las personas habitantes de las comunidades Filo de Caballos y los Morros localizadas en los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, en el estado de Guerrero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 96/2022 a la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; al fiscal general de esa entidad, Roberto Javier Fierro Duarte; así como a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Uruachi y Guazapares, Marcelo Rascón Félix y Joel Bustillos Ramírez, respectivamente, por vulnerar los derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, cinco de las cuales fueron asesinadas y una más lesionada.
Sobre el caso de desplazamiento interno forzado de 120 personas, originarias de las comunidades de el manzano y monterde, ubicadas en los Municipios de Uruachi y Guazapares en el Estado de Chihuahua.
Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, habitantes de Tierra Blanca Copala fueron agredidos por personas armadas, situación que los obligó a huir de su comunidad, ante la falta de atención de autoridades federales y estatales para garantizar su seguridad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 36/2022 al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Arsenio Mejía García y al fiscal general de la entidad, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por el desplazamiento forzado interno de personas indígenas Triquis de Tierra Blanca Copala.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado al gobierno del estado de Oaxaca para garantizar los derechos humanos de las víctimas de desaparición de personas, desplazados y privadas de la libertad, mediante la procuración de justicia en las investigaciones, a fin de realizar acciones tendientes a la búsqueda y localización de las víctimas, así como procurar la salud y vivienda digna de personas desplazadas, sin dejar atrás el debido proceso de las personas privadas de la libertad.
Por el desplazamiento forzado interno de 80 personas de un grupo familiar de 102 integrantes, originarios de los municipios de Saucillo, Delicias y La Cruz, en el estado de Chihuahua, y por violaciones a los derechos de acceso a la justicia y a la verdad por inadecuada procuración de justicia, atribuible a personal ministerial de la Fiscalía General de esa entidad, la CNDH dirigió la Recomendación 94/2019, al Gobernador Javier Corral Jurado; a la Directora General de la Asesoría Jurídica Federal Encargada de Despacho en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ana Pamela Romero Guerra; al Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, y a la Presidenta y Presidente Municipales de los Ayuntamientos de Saucillo y Delicias, Manuela Aidé López de Anda y Eliseo Compeán Fernández, respectivamente.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicita a las autoridades federales y del estado de Guerrero que de manera urgente den respuesta a las cerca de 300 personas que permanecen en plantón frente al Palacio Nacional, quienes son víctimas de desplazamiento forzado interno de las comunidades del Corredor Filo de Caballos y Casa Verde, en el Municipio de Leonardo Bravo, y de Náhuatl de Tlamtempanaca, en el Municipio de Zitlala, en dicha entidad federativa, quienes demandan condiciones de seguridad para volver a sus lugares de origen.
