La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 201/2022 al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, por dos casos en que se negó a derechohabientes permiso para proporcionar cuidados a sus hijos enfermos, debido a que son hombres y estos permisos únicamente se otorgan a mujeres, lo cual constituye violaciones a los derechos humanos a la seguridad social, a la igualdad y no discriminación, y a la no observancia de los principios de interés conforme y del interés superior de la niñez, atribuibles a ese instituto.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 73VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos, consistentes en actos de tortura y retención ilegal en agravio de una víctima, por parte de elementos de la entonces Policía Federal (PF) en Pátzcuaro, Michoacán.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se une a la celebración del Día Universal de la Niñez, haciendo un llamado a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno del Estado mexicano a fin de replantear los esfuerzos que permitan garantizar que cada niña, niño y adolescente en nuestro país, pueda ejercer de manera plena sus derechos para desarrollar todo su potencial y así gozar de un desarrollo integral.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, participó, de manera virtual, en la VI Conferencia Internacional “Protección de los derechos humanos en Eurasia: intercambio de mejores prácticas de los Defensores del Pueblo”, convocada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Federación Rusa, Tatyana Moskalkova, institución que cuenta con acreditación “A” ante el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 200/2022 a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, por violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia en un plazo razonable, cometidos en agravio de una víctima que, desde abril de 2017, obtuvo una resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), en la que se ordenó la reinstalación a su puesto de trabajo, sin que hasta la fecha haya sido cumplida por esa institución educativa.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la libertad personal por detención arbitraria, a la libertad sexual por realizar actos de esa naturaleza en una persona sin su consentimiento y a la integridad personal, así como al trato digno, por actos de tortura en agravio de V1 y V2, por elementos de la Guardia Nacional; además violaciones a la seguridad jurídica en su modalidad de procuración de justicia por practicar de manera negligente actos de investigación en agravio de V1 y V2, por personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Sobre el caso de la violación a los derechos humanos a la igualdad, y no discriminación por motivo de origen étnico, derivado de la omisión de adoptar medidas para garantizar el ingreso a convocatorias de los procesos de promoción horizontal, vertical, horas adicionales emitidos por el sistema de educación.
Es necesario avanzar en la realización de actividades de sensibilización y educación entre la sociedad para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, además de luchar contra la discriminación que padece este sector de la población; así como impulsar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aseguró la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Maestra Rosario Piedra Ibarra.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos al trabajo en condiciones de dignidad, en el contexto del trabajo agrícola, así como a la procuración de justicia y al interés superior de la niñez, en agravio de 38 personas jornaleras agrícolas indígenas, en Villa de Arista, San Luis Potosí.
Con motivo de la publicación del oficio de respuesta por parte de la Presidenta de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Senado de la República, respecto a su comparecencia, nos permitimos aclarar lo siguiente
