La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifiesta su preocupación ante la escasez de políticas públicas que permitan atender y proteger los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo durante la emergencia sanitaria decretada por la presencia del coronavirus SARS-coV-2 (COVID-19).
La CNDH, de manera conjunta con diversas organizaciones de la sociedad civil, albergues y casas de migrantes en México, se pronuncian enérgicamente en contra de decisiones tendentes a militarizar el Instituto Nacional de Migración (INM), toda vez que, a la fecha, se advierte que en 18 entidades federativas han sido nombradas personas con perfil militar para conducir las representaciones u oficinas de ese Instituto en los estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chiapas y Yucatán.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado urgente al Secretario de Salud Federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, -en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud- para que se implementen acciones inmediatas que garanticen a las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) acceso efectivo a servicios integrales en materia de prevención, atención y seguimiento a la salud.
La CNDH hace un respetuoso exhorto al Congreso de la Unión para que apruebe a la brevedad posible, dentro del presente periodo de sesiones, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 16 de enero como día Nacional contra el Feminicidio, y sostiene que ello ayudará a evidenciar la urgente necesidad de que todas y todos sumemos esfuerzos para poner fin a la violencia de género, y para que se dignifique y honre la memoria de todas las víctimas de feminicidio. La fecha recuerda cuando, María de Jesús Jaime Zamudio “Marichuy”, una de cientos de mujeres asesinadas en nuestro país, fue víctima de feminicidio.
Ante los altos índices de violencia en México, principalmente contra las mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 43/2020 por violaciones al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral a víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias ejercidas contra ellas. Ésta fue dirigida y notificada al Gobierno de México y a los Poderes Legislativo y Judicial.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la libertad de reunión en relación a la protesta social pacífica en agravio de V1, V3, V5, V7, V8, V10 y V11 y al trato digno e integridad personal en agravio de V2, V5, V6, V7, V8 y V9 atribuibles a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Sobre Violación al Acceso a la Justicia e Insuficiencia en la Aplicación de Políticas Públicas en la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral del Daño a Personas Víctimas Directas e Indirectas de Feminicidios y Otras Violencias.
