Los términos niños de la calle, chavos de la calle, vagabundo, indigente, sin techo, persona en situación de calle, pordioseros y borrachos, son denominaciones que se reconocen a través de los medios de comunicación o de las charlas cotidianas, pero también en la confección de políticas públicas y en las propuestas de organizaciones de la sociedad civil. Dichos términos recaen sobre las personas que habitan las calles e inciden en la manera en la que son abordados, representados y en la forma en la que se experimentan a sí mismos. Es decir, las expresiones a través de las cuales describimos el mundo y a las personas no son neutrales, tienen un efecto sobre aquellos que son nombrados.
Por el caso de tres elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) –que brindaban protección y vigilancia a una empresa ferroviaria— quienes dispararon sus armas privando de la vida a dos personas migrantes que viajaban a bordo del tren e hirieron a dos más, además de amenazar a miembros de la Asociación Civil Estancia del Migrante, cuando les brindaban alimentos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 98/2019 al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; asimismo, al Gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, a los Fiscales Generales de Guanajuato y de Querétaro, Carlos Zamarripa Aguirre y Alejandro Echeverría Cornejo, respectivamente, por violentar el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que las 799 instancias gubernamentales federales y estatales a las que se solicitó información estadística sobre discapacidad revelaron contar con ella, pero no desagregada, e incluso se detectaron casos en que refieren, incongruentemente que tener tal información afectaría la esfera jurídica de los 7.5 millones de personas con discapacidad en el país, en tanto que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo se declararon no competentes para proporcionar la información, por no contar con datos sobre el número de inspecciones realizadas a empresas para garantizar la accesibilidad laboral de las personas con discapacidad.
Por el desplazamiento forzado interno de 80 personas de un grupo familiar de 102 integrantes, originarios de los municipios de Saucillo, Delicias y La Cruz, en el estado de Chihuahua, y por violaciones a los derechos de acceso a la justicia y a la verdad por inadecuada procuración de justicia, atribuible a personal ministerial de la Fiscalía General de esa entidad, la CNDH dirigió la Recomendación 94/2019, al Gobernador Javier Corral Jurado; a la Directora General de la Asesoría Jurídica Federal Encargada de Despacho en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ana Pamela Romero Guerra; al Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, y a la Presidenta y Presidente Municipales de los Ayuntamientos de Saucillo y Delicias, Manuela Aidé López de Anda y Eliseo Compeán Fernández, respectivamente.
El objetivo del convenio firmado entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social consistió en la colaboración para desarrollar el proyecto denominado “Sistema de entidades relacionadas con la protección de los derechos humanos en la región transfronteriza México – Guatemala”, cuyo propósito es contribuir a la investigación y generación de conocimiento sobre el desarrollo de la Región Transfronteriza México–Guatemala, mediante la identificación de los actores clave que participan e interactúan en ella en materia de protección de los derechos humanos.
Este Organismo Nacional da a conocer el Informe Especial sobre la situación de seguridad y desaparición de personas en el Estado de Veracruz, donde fueron halladas 325 fosas clandestinas, de donde en el periodo enero de 2011 a diciembre de 2018 se exhumaron 180 cadáveres; 548 cráneos y 24,238 restos óseos, de acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía del Estado
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, la Recomendación 28VG/2019 por violaciones graves a los derechos humanos consistentes en tortura y violencia sexual contra una mujer, así como por inadecuada procuración de justicia, atribuibles a personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, por violación a los derechos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal por detención arbitraria de la agraviada. Además, emitió la Recomendación 95/2019, dirigida igualmente al Secretario Durazo Montaño por tortura física y psicológica que 13 elementos de la Policía Federal aplicaron a dos personas en el Estado de México, con lo que se vulneraron los derechos humanos a la integridad personal y dignidad humana de los agraviados. En ambos casos, con motivo de hechos acontecidos en la administración pasada.
Durante los meses de mayo y junio de 2018, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura visitó 39 hospitales psiquiátricos en 25 estados de la República Mexicana y Ciudad de México, los cuales dependen de la Secretaría de Salud Federal, las Secretarías de Salud Estatales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León.
