La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al Instituto Nacional de Migración (INM), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado, con el objetivo de salvaguardar la integridad de aproximadamente 600 personas en contexto de movilidad que se encuentran albergadas en la Casa del Migrante “Senda de Vida”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas (CODHET), exhortan a las autoridades estatales y municipales en Reynosa, Tamaulipas, para que, ante la solicitud de desalojo y demolición de la casa del migrante “Senda de Vida” se actúe con legalidad y se observe el irrestricto respeto los derechos humanos de las personas en contexto de migración, así como a los directivos y colaboradores de dicho albergue.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas tomar las medidas necesarias para salvaguardar la salud e integridad de las personas en contexto de migración que se encuentran instaladas en la Plaza de la República, en Reynosa, así como para evitar contagios del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).
En el décimo aniversario del hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México (en adelante “las Instituciones”) y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala, Honduras y México (en adelante “las Oficinas”) hacen un llamado a los Estados de la región para redoblar sus esfuerzos para proteger a las personas migrantes ante las persistentes violaciones a sus derechos humanos, así como para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, para que hechos como los de San Fernando no se repitan.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 18/2021, al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, tras acreditar violaciones a los derechos humanos, a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno, por actos de tortura, atribuibles a elementos de la entonces Policía Federal Ministerial de Tamaulipas, en el 2015.
Sobre el caso de violaciones a derechos humanos a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno, por actos de tortura en agravio de V1 y V2, atribuibles a personas servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de la República, en el Estado de Tamaulipas.
Un grupo de visitadores adjuntos y peritos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó diligencias ministeriales en las inmediaciones de los municipios de Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, lugar donde se encontró un vehículo incendiado y 19 cuerpos calcinados, 16 de los cuales corresponden a personas de nacionalidad guatemalteca, quienes habrían sido sustraídos de una “casa de seguridad”.
