La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 11/2021, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, por la vulneración a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica; intimidad y vida privada; así como a una vida libre de violencia, en agravio de una mujer indígena trabajadora del IMSS-Bienestar, que fue destituida de su cargo como gestora de calidad en el Hospital Rural de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, intimidad y vida privada, así como a una vida libre de violencia, en agravio de V, mujer indígena, atribuible a personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- bienestar en San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado al gobierno del estado de Oaxaca para garantizar los derechos humanos de las víctimas de desaparición de personas, desplazados y privadas de la libertad, mediante la procuración de justicia en las investigaciones, a fin de realizar acciones tendientes a la búsqueda y localización de las víctimas, así como procurar la salud y vivienda digna de personas desplazadas, sin dejar atrás el debido proceso de las personas privadas de la libertad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un respetuoso llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fin de que, a la brevedad posible, sesione para resolver favorablemente el caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ocurrida el 25 de mayo del 2007 en el estado de Oaxaca.
La complejidad de los diferendos que viven diversas comunidades del pueblo y la región Triqui devienen de conflictos de origen multifactorial, caracterizados por la violencia e inseguridad que prevalece en la zona, y se han agravado en fechas recientes por el desplazamiento forzado de habitantes de la localidad de Tierra Blanca, en el municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diferentes autoridades del Estado de Oaxaca para garantizar los derechos humanos a la vida, integridad personal, patrimonio, seguridad pública y paz social de los habitantes de las comunidades de Tierra Blanca, Yosoyuxi y San Juan Copala, pertenecientes al municipio oaxaqueño de Santiago Juxtlahuaca.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 57/2020 a Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); a Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador del Estado de Oaxaca; a Laura Vignon Carreño, Directora General del Organismo Operador “Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca” (SAPAO) y a 28 municipios de esa entidad por la contaminación del río Atoyac y sus afluentes.
Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de diversos Municipios del Estado de Oaxaca.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 47/2020, al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, por la violación a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal (tortura), así como a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de una persona privada de su libertad del Centro Federal de Readaptación Social No. 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, atribuible a cinco servidores públicos adscritos a ese CEFERESO
Sobre el caso de la violación a los derechos al trato digno, a la integridad y seguridad personal por actos de tortura, así como a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de V, interno en el Centro Federal de Readaptación Social No. 13, en Miahuatlán de Porfirió Díaz, Oaxaca.