La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 53VG/2022 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica y personal por retención ilegal, y a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura, en agravio de una víctima, atribuibles a elementos de la SEDENA en el estado de Michoacán.
Sobre el caso de violaciones a derechos humanos a la seguridad jurídica por detención arbitraria y retención ilegal, en agravio de QV, por elementos de la Secretaría de Marina; así como a la integridad personal y al trato digno consistentes en actos de tortura y violencia sexual en agravio de QV, por elementos de la Secretaría de Marina y Policías Ministeriales de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado de México.
Sobre el caso de violación a derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica por retención ilegal, a la integridad personal, al trato digno por actos de tortura en agravio de V, por elementos de la entonces Policía Federal.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica y personal por retención ilegal, a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura en agravio de V, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 52/2022 al titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), almirante José Rafael Ojeda Durán, por violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura, en agravio de un ciudadano que transitaba en una carretera de Tamaulipas, hechos atribuibles a, al menos, dos servidores públicos de la SEMAR.
Los actos de tortura, en tanto que violentan derechos humanos, son materia de investigación y competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), hace un llamado al titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, a reconocer las acciones realizadas por los organismos públicos defensores de derechos humanos en la investigación de la tortura, el derecho de las personas privadas de la libertad a presentar quejas, y a que sus casos sean pronta e imparcialmente examinados por las autoridades competentes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desautoriza de manera enérgica y contundente, declaraciones vertidas por personal que estuvo en funciones hasta hace unos meses en esta institución, que pretenden difundir una narrativa errónea acerca de su trabajo y del trabajo que se realiza para el seguimiento de la Recomendación 48VG/2021, por violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso, en agravio de una persona que se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 12 en Ocampo, Guanajuato.
Sobre el caso de violaciones a derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura en agravio de V, por elementos de la Secretaría de Marina.
La víctima fue golpeada y torturada por elementos de las dos corporaciones; un médico adscrito a la SSP-QROO omitió describir las lesiones de la persona. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 33/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo (SSP-QROO), Lucio Hernández Gutiérrez, por violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica por retención ilegal, a la integridad personal, y al trato digno por actos de tortura en agravio de una persona, atribuibles a elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la SSP-QROO, en Cancún, Quintana Roo.
Sobre el caso de violación a derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica por retención ilegal, a la integridad personal, al trato digno por actos de tortura en agravio de V, por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.
