Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP), el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que México no podrá superar la situación que enfrente en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas que enfrenta el sistema penitenciario, ya que los centros de internamiento pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, de ahí que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dado especial atención a lograr una efectiva reinserción social de quien ha estado privado de la libertad y destacado la necesidad de que se diseñen y desarrollen políticas públicas que promueven la justicia restaurativa.
La CNDH dirigió la Recomendación 86/2019 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por violaciones a derechos humanos de tres víctimas del delito de trata de personas, a quienes personal de esa institución omitió otorgarles apoyo de forma oportuna / El Segundo Congreso Nacional “Los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario” solicitó a los Organismos Públicos de Derechos Humanos vigilar que la autoridad penitenciaria implemente acciones en materia post-penitenciaria para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas que han sido sometidas a un tratamiento de reinserción social / La CNDH dirige la Recomendación 87/2019 al Gobernador y al Fiscal del Estado de Guerrero por la no aceptación de una Recomendación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió dos Informes de Seguimiento a los gobiernos de Baja California y Puebla por irregularidades en Ceresos que representan riesgos de maltrato y tortura para las personas internas / La CNDH dirige la Recomendación 72/2019 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por no garantizar a personas mayores beneficios de ley en tarifas en el transporte aéreo y a la PROFECO por no intervenir de manera preventiva / La CNDH emitió la Recomendación 75/2019 a la SEDATU por omisiones y deficiencias para regularizar, enajenar y expedir títulos de propiedad en agravio de 43 personas indígenas tzeltales, quienes realizaron pagos e iniciaron gestiones hace más de 20 años.
