Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida, así como al acceso a la información en materia de salud en agravio de V, en el Hospital General de Zona 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey, Nuevo León
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la imagen pública y a la presunción de inocencia en contra de QV, por los señalamientos mediáticos realizados por el gobernador y el auditor superior, ambos del Estado de Puebla.
Ante las condiciones en las que se lleva a cabo la llamada caravana migrante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un atento llamado al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional, a fin de que se atiendan las medidas cautelares solicitadas por este organismo público para que, en caso de realizar acciones de verificación migratoria, estas se practiquen en el marco del respeto a los derechos humanos, tomando en consideración la presencia de grupos vulnerables.
El pasado 11 de noviembre, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), constató el alojamiento de 78 personas en contexto de migración en la estancia provisional migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Saltillo, Coahuila; sin embargo, la capacidad oficial de ese lugar es de 30 personas, lo que implica una sobrepoblación de más del 260%, situación que ha generado hacinamiento, condición inapropiada para su estancia digna.
A cinco años de los sucesos victimizantes de Asunción Nochixtlán, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral es la respuesta que permitirá el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental, lo que ha sucedido para las personas en situación de víctimas de Nochixtlán. Estos derechos configuran el pilar fundamental para combatir la impunidad y constituyen un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático, puesto que coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diversas autoridades de los estados de Baja California, San Luis Potosí, Sonora y a la Guardia Nacional, en favor de ocho personas defensoras civiles de derechos humanos que, en actos independientes, solicitaron la intervención de esta Comisión Nacional, a través de tres escritos de queja en los que mencionaron hechos de violencia y amenazas en contra de varios de ellos, relacionadas con su labor en pro de los derechos humanos.
