Del 21 al 25 de octubre de 2025 se realizaron visitas de supervisión a 30 lugares de privación de la libertad para el cumplimiento de faltas administrativas en el estado de Zacatecas. En el informe se expone la necesidad de fortalecer la implementación de salvaguardias que prevengan la exposición de personas privadas de la libertad a cualquier tipo de maltrato en sede administrativa municipal; resaltando la necesidad de implementar un modelo de justicia cívica con enfoque restaurativo que facilite y mejore la convivencia en una comunidad; así como evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
Los hallazgos obtenidos de las visitas dan cuenta de la diversidad de realidades y contextos administrativos que existen al interior de cada entidad federativa; identificándose que, a partir de sus recursos disponibles cada municipio ha desarrollado estrategias para procurar la implementación de salvaguardias que previenen cualquier acto de maltrato que pudiera ser valorado como tortura.
Es así que, el informe impulsa el desarrollo de políticas públicas transversales que permitan fortalecer los recursos tecnológicos, financieros, humanos y materiales con los que cuentan las autoridades municipales para la impartición de la justicia cívica, promoviendo su aplicación progresiva y con base a los contextos y circunstancias particulares de cada localidad.
Finalmente, se destaca la necesidad de la aprobación e implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica.
En seguimiento al Informe Especial IE 02/2022, sobre el impacto psicosocial en mujeres privadas de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, Coahuila de Saragoza, el MNPT realizó una visita de seguimiento el 14 de octubre de 2025. El objetivo fue verificar el grado de cumplimiento de las sugerencias de buenas prácticas emitidas, así como evaluar las acciones implementadas por la autoridad penitenciaria para prevenir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, particularmente respecto la ausencia de la certificación médica al ingreso de las mujeres privadas de la libertad al centro penitenciario femenil de Saltillo.
Los resultados permitieron constatar nivel de cumplimiento relevante de las metas sugeridas: dos han sido cumplidas en su totalidad, siete presentan un cumplimiento sustantivo y cuatro se han implementado de manera parcial inicial o se han desarrollado como medidas de apoyo
En seguimiento al Informe Especial IE 02/2023, en el que se documentaron riesgos en la forma en que se utiliza la contención coercitiva en el CEFERESO No. 18, el MNPT realizó una visita de seguimiento el 24 de abril de 2025. El objetivo fue verificar el grado de cumplimiento de las sugerencias de buenas prácticas emitidas, así como evaluar las acciones implementadas por la autoridad penitenciaria para prevenir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, particularmente respecto de personas privadas de la libertad con discapacidad psicosocial.
Este lunes 28 de abril se publicó en el diario El Sol de México, el artículo de opinión titulado “Cuando los delitos se perpetran en forma generalizada”, cuya autora es Angélica de la Peña, quien se identifica como defensora por los derechos humanos y exsenadora de la República, con relación a la desaparición forzada y la tortura, señalando lo que considera omisiones de las autoridades frente a estas violaciones a derechos humanos, mencionando de paso, una supuesta “ausencia” del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente a tal panorama. Ante las aseveraciones vertidas, se aclara lo siguiente:
Durante 2023, se realizó la supervisión al CERESO “Ayutla de los Libres”, localizado en el estado de Guerrero. Derivado de las visitas realizadas se identificó que la población privada de la libertad que se autoadscribe como indígena requiere la aplicación de políticas públicas que garanticen igualdad en la prevención de cualquier acto de maltrato, que pueda ser considerado como tortura al interior de los centros penitenciarios.
El informe destaca la importancia de reconocer las diferencias culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas en la implementación de salvaguardias que previenen actos de maltrato, o incluso tortura. En este sentido, se profundiza sobre la relevancia que tiene el acceso a servicios de traducción e interpretación a fin de favorecer que las personas privadas de la libertad conozcan y comprendan los procedimientos a los que son sujetas y, en consecuencia, puedan activar mecanismos de defensa en caso de que consideren que sus derechos han sido afectados.
Para la elaboración de este informe se realizaron trabajos coordinados con la Cuarta Visitaduría General a fin de incorporar su experticia en el análisis de las problemáticas identificadas.
Entre el 25 al 29 de septiembre de 2023 se realizaron visitas de supervisión a centros de detención administrativa en 10 municipios del Estado de Morelos. En el informe se expone la necesidad de fortalecer la implementación de salvaguardias que prevengan la exposición de personas privadas de la libertad a cualquier tipo de maltrato en sede administrativa municipal; resaltando la necesidad de implementar un modelo de justicia cívica con enfoque restaurativo que facilite y mejore la convivencia en una comunidad; así como evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
Los hallazgos obtenidos de las visitas dan cuenta de la diversidad de realidades y contextos administrativos que existen al interior de cada entidad federativa; identificándose que, a partir de sus recursos disponibles cada municipio ha desarrollado estrategias para procurar la implementación de salvaguardias que previenen cualquier acto de maltrato que pudiera ser valorado como tortura.
Es así que, el informe impulsa el desarrollo de políticas públicas transversales que permitan fortalecer los recursos tecnológicos, financieros, humanos y materiales con los que cuentan las autoridades municipales para la impartición de la justicia cívica, promoviendo su aplicación progresiva y con base a los contextos y circunstancias particulares de cada localidad.
Finalmente, se destaca la necesidad de la aprobación e implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica.
Del 28 al 30 de junio de 2023, se realizaron visitas de supervisión a 12 lugares de privación de la libertad para el cumplimiento de faltas administrativas en el estado de Nuevo León. En el informe se expone la necesidad de fortalecer la implementación de salvaguardias que prevengan la exposición de personas privadas de la libertad a cualquier tipo de maltrato en sede administrativa municipal; resaltando la necesidad de implementar un modelo de justicia cívica con enfoque restaurativo que facilite y mejore la convivencia en una comunidad; así como evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
Los hallazgos obtenidos de las visitas dan cuenta de la diversidad de realidades y contextos administrativos que existen al interior de cada entidad federativa; identificándose que, a partir de sus recursos disponibles cada municipio ha desarrollado estrategias para procurar la implementación de salvaguardias que previenen cualquier acto de maltrato que pudiera ser valorado como tortura.
Es así que, el informe impulsa el desarrollo de políticas públicas transversales que permitan fortalecer los recursos tecnológicos, financieros, humanos y materiales con los que cuentan las autoridades municipales para la impartición de la justicia cívica, promoviendo su aplicación progresiva y con base a los contextos y circunstancias particulares de cada localidad.
Finalmente, se destaca la necesidad de la aprobación e implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica.
Entre el 19 y 22 de septiembre de 2023 se realizaron visitas de supervisión a 10 Juzgados Cívicos del estado de Querétaro. En el informe se expone la necesidad de fortalecer la implementación de salvaguardias que prevengan la exposición de personas privadas de la libertad a cualquier tipo de maltrato en sede administrativa municipal; resaltando la necesidad de implementar un modelo de justicia cívica con enfoque restaurativo que facilite y mejore la convivencia en una comunidad; así como evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
Los hallazgos obtenidos de las visitas dan cuenta de la diversidad de realidades y contextos administrativos que existen al interior de cada entidad federativa; identificándose que, a partir de sus recursos disponibles cada municipio ha desarrollado estrategias para procurar la implementación de salvaguardias que previenen cualquier acto de maltrato que pudiera ser valorado como tortura.
Es así que, el informe impulsa el desarrollo de políticas públicas transversales que permitan fortalecer los recursos tecnológicos, financieros, humanos y materiales con los que cuentan las autoridades municipales para la impartición de la justicia cívica, promoviendo su aplicación progresiva y con base a los contextos y circunstancias particulares de cada localidad.
Finalmente, se destaca la necesidad de la aprobación e implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica.
Del 28 de febrero al 30 de marzo de 2023, personal adscrito al MNPT realizó visitas de supervisión a seis centros de reinserción social, localizados en los estados de Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí. Derivado de las visitas realizadas se identificó que la población privada de la libertad que se autoadscribe como indígena requiere la aplicación de políticas públicas que garanticen igualdad en la prevención de cualquier acto de maltrato, que pueda ser considerado como tortura al interior de los centros penitenciarios.
El informe destaca la importancia de reconocer las diferencias culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas en la implementación de salvaguardias que previenen actos de maltrato, o incluso tortura. En este sentido, se profundiza sobre la relevancia que tiene el acceso a servicios de traducción e interpretación a fin de favorecer que las personas privadas de la libertad conozcan y comprendan los procedimientos a los que son sujetas y, en consecuencia, puedan activar mecanismos de defensa en caso de que consideren que sus derechos han sido afectados.
Para la elaboración de este informe se realizaron trabajos coordinados con la Cuarta Visitaduría General a fin de incorporar su experticia en el análisis de las problemáticas identificadas
Durante los meses de febrero, marzo y septiembre del 2023, personal adscrito al MNPT realizó visitas de supervisión a seis centros de reinserción social, localizados en los estados de Chiapas, Oaxaca y Yucatán. Derivado de las visitas realizadas se identificó que la población privada de la libertad que se autoadscribe como indígena requiere la aplicación de políticas públicas que garanticen igualdad en la prevención de cualquier acto de maltrato, que pueda ser considerado como tortura al interior de los centros penitenciarios.
El informe destaca la importancia de reconocer las diferencias culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas en la implementación de salvaguardias que previenen actos de maltrato, o incluso tortura. En este sentido, se profundiza sobre la relevancia que tiene el acceso a servicios de traducción e interpretación a fin de favorecer que las personas privadas de la libertad conozcan y comprendan los procedimientos a los que son sujetas y, en consecuencia, puedan activar mecanismos de defensa en caso de que consideren que sus derechos han sido afectados.
Para la elaboración de este informe se realizaron trabajos coordinados con la Cuarta Visitaduría General a fin de incorporar su experticia en el análisis de las problemáticas identificadas.
