Del 21 al 25 de octubre de 2025 se realizaron visitas de supervisión a 30 lugares de privación de la libertad para el cumplimiento de faltas administrativas en el estado de Zacatecas. En el informe se expone la necesidad de fortalecer la implementación de salvaguardias que prevengan la exposición de personas privadas de la libertad a cualquier tipo de maltrato en sede administrativa municipal; resaltando la necesidad de implementar un modelo de justicia cívica con enfoque restaurativo que facilite y mejore la convivencia en una comunidad; así como evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
Los hallazgos obtenidos de las visitas dan cuenta de la diversidad de realidades y contextos administrativos que existen al interior de cada entidad federativa; identificándose que, a partir de sus recursos disponibles cada municipio ha desarrollado estrategias para procurar la implementación de salvaguardias que previenen cualquier acto de maltrato que pudiera ser valorado como tortura.
Es así que, el informe impulsa el desarrollo de políticas públicas transversales que permitan fortalecer los recursos tecnológicos, financieros, humanos y materiales con los que cuentan las autoridades municipales para la impartición de la justicia cívica, promoviendo su aplicación progresiva y con base a los contextos y circunstancias particulares de cada localidad.
Finalmente, se destaca la necesidad de la aprobación e implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica.
Durante el mes de abril de 2024 se realizaron visitas de supervisión a tres centros penitenciarios en Baja California: Ensenada, Mexicali y Tijuana. El trabajo se realizó con base en estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y con perspectiva de género para identificar factores de riesgo de tortura y malos tratos.
El Informe analiza condiciones que podrían generar riesgos de malos tratos e incluso de tortura en la población privada de la libertad. Entre los hallazgos destaca sobrepoblación en varios centros, condiciones de infraestructura que no garantizan una estancia digna a quienes se encuentran privadas de la libertad; así mismo se identificó que la autoridad penitenciaria debe emprender acciones para fortalecer sus áreas médicas y con ello asegurar: oportunas y adecuadas certificaciones de integridad, atención médica y servicios especializados en salud de la mujer (ginecología). Aunado a ello, es necesario que los centros fortalezcan sus estrategias en materia de gestión menstrual digna.
Finalmente, se observaron restricciones en el acceso a defensoría legal y comunicación con el exterior.
Por lo anterior, el MNPT emitió una serie de recomendaciones de política pública para mejorar las condiciones de estancia penitenciarias, mitigar los riesgos detectados y prevenir la tortura y malos tratos.
