La aparición del nieto desaparecido No. 114: Ignacio Montoya Carlotto, nieto de Estela de Carlotto, presidenta y fundadora del movimiento Abuelas de Plaza de Mayo

En marzo de 1976 las Fuerzas Armadas de Argentina se adueñaron del poder por medio de un golpe de estado. El régimen militar que se instauró como una dictadura, desapareció a más de 30 mil personas de todas las edades y condiciones sociales. Entre ellas, cientos de bebés fueron secuestrados junto con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres.

En el periodo de la dictadura argentina diferentes espacios funcionaron como centros clandestinos de detención, en donde se torturaba o desaparecía desde militantes políticos y sociales, miembros de organizaciones revolucionarias armadas y no armadas, hasta trabajadores, estudiantes, artistas y religiosos, en un acto de secuestro, desaparición y asesinato sistemático por parte del Estado.

Dentro de sitios como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); Campo de Mayo, o Pozo de Banfield, estuvieron detenidos y desaparecidos entre cientos y miles de hombres y mujeres. Ahí, nacieron en cautiverio niñas y niños que fueron separados de sus madres. La mayoría fueron apropiados ilegalmente o robados y muchos de ellos continúan como desparecidos vivos, buscados por sus familiares.[1]

Las maternidades clandestinas, como se le nombra a las formas de violencia y represión que vivieron las mujeres embarazadas dentro de los centros clandestinos de detención, ocurrieron con frecuencia durante la dictadura. Fue un acto planificado que involucró un sistema de detención de embarazadas, partos clandestinos, falsificación de identidades y simulación de adopciones. El personal de salud participó en el robo sistemático de bebés que fueron apropiados, entregados a familias de militares, abandonados en institutos y orfanatos e incluso vendidos. En todos los casos, a estos niños y niñas desaparecidos se les anuló su derecho a la identidad. [2]

Fue así como el 30 de abril de 1977, un grupo de madres y familiares de desaparecidos iniciaron un movimiento en el que cada jueves se reunían para marchar alrededor de la Pirámide de la Plaza de Mayo, ubicada frente a la casa de gobierno. Para identificarse entre sí, usaban un pañuelo de tela blanco. Comenzaron a ser conocidas como las Madres de Plaza de Mayo. Reclamando la atención nacional e internacional para conocer la ubicación de las personas desaparecidas en Argentina.

En silencio y progresivamente, la organización comenzó a consolidarse. Pronto, un grupo de abuelas comenzó a reclamar la existencia de bebés desaparecidos solicitando que el gobierno suspendiera todas las adopciones. Como un subgrupo, se dedicaron especialmente a la búsqueda de los niños y niñas apropiados por la dictadura.

En noviembre de 1977 las Abuelas presentaron una petición a la Organización de Estados Americanos (OEA), permitiendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En marzo de 1980 las Abuelas lograron localizar directamente a las primeras nietas. En 1987 lograron la primera restitución de una niña nacida en cautiverio que había sido apropiada ilegalmente por un subcomisario de la policía, hija de una mujer detenida y desaparecida. Dos años después consiguieron por primera vez en la historia de la justicia argentina, la anulación de la adopción.

Los hallazgos continuaron hasta uno de los encuentros más importantes en la historia de las Abuelas, cuando después de décadas de búsqueda, Ignacio Montoya Carlotto fue identificado como el nieto de una de las fundadoras y actual presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto en 2014.

Ignacio Montoya, el nieto 114, es hijo de Laura Estela Carlotto, quien fue secuestrada cuando se encontraba embarazada de 2 meses y medio. Por testimonios se supo que Laura permaneció detenida y dio a luz a un niño en el Hospital Militar al que llamó Guido. Luego del parto, fue regresada al centro clandestino sin su bebé y asesinada un 25 de agosto de 1978. [3]

Ignacio Montoya tuvo dudas sobre su origen por mucho tiempo y tras confirmar que no era hijo biológico de las personas que lo criaron, se comunicó con las Abuelas desde junio de 2014. Después de un intercambio de correos, una presentación formal y realizar los análisis respectivos, el 5 de agosto de 2014 las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron en una conferencia de prensa que el nieto desaparecido número 114 había sido identificado.

Estela, presidenta de las Abuelas compartió y agradeció por la aparición de Ignacio, quien fue nombrado Guido por su madre. Su caso motivó a muchos otros entre las edades de 30 y 38 años que estuvieron dispuestos a cuestionarse su identidad y someterse a pruebas de ADN. Encontrar 114 nietos les tomó 36 años. Muchos otros siguen desaparecidos[4].

La aparición de los nietos continúa siendo un camino abierto a la investigación de la Justicia. Desde su fundación, las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado restituir la identidad de 130 personas. Desde 1977 este grupo de madres y abuelas de desaparecidos han luchado por identificar a sus familiares, así como por la verdad y la justicia[5].

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en 1989, incluye los aportes de las Abuelas en sus artículos 7, 8 y 11. En ellos se establece que la identidad es un derecho para todos los niños del mundo y que el Estado tiene como obligación preservar la identidad y prestar asistencia y protección cuando un niño es privado ilegalmente de ella. [6]

Ahora las Abuelas buscan adultos, que en muchos casos también son padres. Lo que hace que el derecho a la identidad de los bisnietos continúe siendo violentado. La identidad es un proceso porque se reafirma y reestructura a lo largo de toda la vida. Las experiencias de la niñez, los afectos, las relaciones cercanas, las dificultades y las oportunidades forman parte de quiénes somos.

En México, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconocen el derecho a la identidad de las personas menores de 18 años. Se trata de una premisa básica para garantizar el respeto, ejercicio y protección de todos sus derechos. [7]

A la vez, el derecho a la verdad es la respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental. Esto implica el derecho a saber la verdad sobre los abusos que se han sufrido, incluyendo la posibilidad de identificar a los perpetradores y de ser el caso, el paradero final de las personas que han sido desaparecidas de manera forzada. [8]