Masacre de Napalpí, Argentina

El 19 de julio de 1924 ocurrió en la región del Chaco, la masacre de Napalpí, que refiere a la matanza de cientos de personas de los pueblos originarios qom y moqoit a manos de la policía chaqueña y grupos paramilitares de los estancieros regionales[1].

Ese año, durante el mandato del presidente argentino Marcelo Torcuato de Alvear, el gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, prohibió a la comunidad de Napalpí, formada en su mayoría por nativos qom y moqoit, emigrar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. El objetivo era retenerlos en la zonapara no evitar la pérdida de mano de obra. No obstante, las condiciones de trabajo y alimentación eran deplorables, y no recibían pago alguno. Por esta razón, un millar de habitantes de las comunidades Qom y Mocqoi, se refugiaron en las montañas cercanas como forma de huelga ante la falta de mejores condiciones de vida y exigían ser respetadas por las autoridades.

Y el fatídico día llegó. El 19 de julio de 1924, un avión biplano Curtiss JN-90, conocido como el Chaco II, sobrevoló la zona arrojando comida y caramelos. En el momento que los indígenas salieron a recogerlos, poco más de 130 policías y terratenientes dispararon y golpearon con machetes a familias enteras por oponerse a su trabajo en las plantaciones de algodón a cambio de ropa y vales, que no podían convertirse en dinero.[2]La masacre duró 45 minutos, pero las secuelas en los sobrevivientes duraron toda su vida, y ha sido catalogada como uno de los episodios más atroces sucedidos en Argentina durante el siglo XX. El cuerpo de policías asesinó a 423 habitantes: a los hombres se les mutiló o se les decapitó para colgar luego su cuerpo, mientras que las mujeres fueron violadas sexualmente. Aquellos que huyeron, se les persiguió por la serranía, pues no se pretendía dejar testigos. Afortunadamente, se estima que 38 niños y 15 adultos escaparon.[3]

Ante el suceso, los medios de comunicación se aliaron con el Estado para difundir que era un simple combate armado entre las comunidades indígenas y la policía. Por ejemplo, el periódico La Voz de Chaco público el 21 de julio de 1924 que ‘‘la tranquilidad ha renacido en la zona del levantamiento indígena. En el campamento de Aguará libróse un reñido combate entre indios mocovíes y tobas. La indiada se ha dispersado completamente después d dejar sobre el terreno unos cincuenta muertos’’.[4]La noticia era indignante porque no relataron los atroces asesinatos.

En septiembre de ese año, el tema llegó a la Cámara de Diputados. El diputado socialista Francisco Pérez Leirós denunció que la cacería de indígenas duró varios días, pues al parecer los criminales se habían propuesto ‘‘eliminar a todos los presentes en la carnicería del 19 de julio para que no pudieran servir de testigos’’. En cuanto al poder judicial, habló de sublevación: así aparece en la carátula del expediente n° 910/24 que se abrió en el juzgado federal de Resistencia, la ciudad más cercana al evento: Sublevación indígena en la Reducción de Napalpí. El documento reúne testimonios de los policías, por lo cual se elaboró para justificar sus acciones, entre ellas describieron que los indígenas realizaban actos de robo y atacaban a los colonos[5]

El silencio sobre el acontecimiento duró décadas hasta que, en 2008, Melitona Enrique relató su testimonio. A pesar de sus 107 años, en su memoria están grabadas imágenes a fuego y sangre del trágico evento. Mencionó que se ocultó en los montes cercanos y permaneció varios días sin consumir alimento o bebida. En cambio, apuntó que ‘‘Los cuervos estuvieron una semana sin volar porque seguían comiendo los cadáveres’’.[6]

A partir de su experiencia, desde 2014 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco investigó, bajo la dirección del fiscal Ad Hoc Diego Vigay, la masacre como crimen de lesa humanidad, que significa actos contra una población sobre tortura, exterminio, persecución por motivos raciales, violación, y esclavitud sexual. Gracias a ello, en 2018, entrevistaron a otra sobreviviente de la masacre: la señora Rosa Grillo, quien logró salvarse con su madre. Sin embargo, su padre falleció y para ella ‘‘Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón […] No sé por qué mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento’’.[7]

En septiembre de 2021, la jueza federal Zunilda Niremperger habilitó un juicio para investigar lo sucedido y buscar una reparación histórica para las comunidades qom y moqoit. Durante el proceso se expusieron testimonios escritos y orales de los sobrevivientes, además de investigadores que trabajaron en la reconstrucción de la memoria histórica del acontecimiento. Finalmente, el 19 de mayo de 2022, se dictó sentencia donde Diego Vigay señaló que ‘‘La masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, fue un genocidio indígena planificado desde el Estado’’. Además, se exhorta al gobierno argentino una serie de medidas para apoyarlos en servicios básicos como salud, educación y preservación de su cultura. Asimismo, se planea fortalecer las políticas de prevención sobre el racismo y discriminación.[8]