Asunto:

Tras comprobar que seis personas servidoras públicas, adscritas a la Oficina Administrativa del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, incurrieron en omisiones y negligencia en el servicio público en agravio de dos personas, madre e hija de nacionalidades hondureña y mexicana, respectivamente, quienes fueron aseguradas en un punto de revisión migratorio, trasladadas a las Oficinas del INM y alojadas injustificadamente durante 35 días, vulnerando así sus derechos humanos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la legalidad, a la debida diligencia, a la libertad personal y al interés superior de la niñez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 182/2023 al comisionado del INM.

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Asunto:

Tras comprobar la responsabilidad de cinco personas servidoras públicas, asignadas a la Estación Migratoria (EM) del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tijuana, Baja California, involucradas en la detención de tres personas en condición de movilidad internacional, a quienes se les vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica, a la libertad personal y de tránsito, cuando fueron detenidas indebidamente en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, e injustificadamente trasladadas a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para su posterior deportación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 176/2023 al INM.

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Asunto:

Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, con motivo del uso excesivo de la fuerza, cateo ilegal, detenciones arbitrarias y tortura en agravio de habitantes de la localidad de Rincón de Tamayo, atribuible a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, Guanajuato

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Asunto:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 39/2023 al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), derivada de que personas servidoras públicas adscritas a esa fiscalía detuvieron arbitrariamente a una persona y violaron su debido proceso, incurriendo en violaciones al derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad, así como al debido proceso en agravio de la víctima.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 18/2023 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, por la detención arbitraria de una mujer y sus hijos menores de edad, así como por las agresiones sexuales que sufrió ella y una de sus hijas por parte de elementos castrenses en el municipio de Ecuandureo, Michoacán.

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Asunto:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 71VG/2022, por violaciones graves de derechos humanos, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, ante el uso ilegítimo de la fuerza que derivó en la pérdida de la vida de una persona y la detención arbitraria de tres más -dos de las cuales resultaron lesionadas- en hechos atribuibles a elementos militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

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Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la seguridad jurídica e integridad personal, y al derecho a la vida, por uso ilegítimo de la fuerza, que resultó en privación de la vida de V1, lesiones en agravio de V2 y V3; así como violaciones a la seguridad jurídica y a la libertad, por detención arbitraria de V2, V3 y V4; acciones atribuidas a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

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Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal, por la detención arbitraria y desaparición forzada de V1, llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Marina en Villa Purificación, Jalisco.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 98/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por la detención arbitraria que realizaron elementos de la extinta Policía Federal (PF), así como por la violación a la integridad personal, tratos denigrantes y actos de tortura, cometidos en contra de una víctima, a quien, con engaños, obligaron a declarar y firmar documentos bajo amenaza de incriminar a su familia en delitos relacionados con el crimen organizado.

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