Por vulneración de los derechos a la legalidad y al acceso a la tutela no jurisdiccional de protección a los derechos humanos de dos personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 145/2025 al H. Ayuntamiento de Copala y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos por el uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego, que derivó en violaciones al derecho a la vida de VMF1 y VMF2, a la integridad personal y seguridad jurídica de VM1, VM2, V1 y V2, al interés superior de la niñez de VMF1, VMF2, VM1, VM2, y el derecho a la familia de VMF1, VMF2, VM1, VM2, V1, V2, VI1, VI2, VI3 y VI4, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Badiraguato, Sinaloa.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 201VG/2025 a la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) por violaciones graves a los derechos humanos de dos personas menores de edad que perdieron la vida, provocando lesiones a dos personas menores de edad y dos personas adultas, con motivo del uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego, atribuibles a personal de esa dependencia, en el poblado de La Cieneguilla, en Badiraguato, Sinaloa.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), a través de la presidenta, maestra Rosario Piedra Ibarra y el general secretario Ricardo Trevilla Trejo, firmaron un Convenio General de Colaboración que tiene como propósito conjuntar esfuerzos para la atención, respeto, promoción, investigación académica, capacitación y profesionalización en materia de derechos humanos.
El debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas Permanentes en la seguridad pública de México ha generado inquietudes y malentendidos, especialmente sobre la llamada "militarización". En septiembre de 2023, la CNDH hizo público su posicionamiento respecto a la reforma legal que daba a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, y desde ese entonces planteamos que, si bien esa estrategia estaba fundada en los derechos humanos −razón por la cual no interpusimos acción de inconstitucionalidad−, estaríamos muy vigilantes del respeto a los derechos humanos, por lo que en su momento emitiríamos un análisis y un balance de esa reforma legal.
La seguridad pública es una función exclusiva del Estado mexicano, ejercida por la Federación, las entidades federativas y los municipios, conforme al artículo 21 de la CPEUM. Esta labor esencial tiene como objetivo principal garantizar una mayor calidad de vida y tranquilidad para la población. El Estado, como responsable de este servicio público, la ejecuta a través de diversas actividades y servicios realizados por sus instituciones facultados para preservar el Estado de Derecho y promover la convivencia pacífica
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 160VG/2024 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN) tras confirmar violaciones graves a los derechos humanos de dos menores detenidos y torturados en San Luis Río Colorado, Sonora.
Tras acreditar que elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSP Guerrero) cometieron violaciones graves a derechos humanos cuando dispararon en contra de tres estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Chilpancingo, lo que provocó la muerte de uno de ellos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 159VG/2024.
Ante las graves violaciones a los derechos humanos de una persona detenida y torturada por elementos navales en diciembre de 2011, cerca de la carretera México-Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 156VG/2024 a la Secretaría de Marina (SEMAR).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 145VG/2024 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tras acreditar violaciones graves a los derechos humanos de una persona que fue detenida y torturada por personal de la extinta Policía Federal (PF) en Saltillo, Coahuila.
